Alcances de la prohibición de regreso en delitos de colusión apropósito del caso Monroy Gálvez - Cordero Urquia, Jorge Aldair (2025)
El presente trabajo tiene como finalidad explicar los alcances de la institución de la Teoría de la Imputación Objetiva como es la denominada Prohibición de Regreso, principio que excluye de responsabilidad penal de quien actúa sin generar un riesgo propio relevante. Esta institución lo aplicaremos en uno de los ilícitos penales más frecuentes en nuestro país como es el delito de Colusión Agravada, figura que sanciona todo aquel acuerdo ilícito entre un funcionario público y un tercero para defraudar al Estado, constituyendo una forma de corrupción que afecta la integridad de las instituciones públicas. Ambos conceptos se analizan desde el derecho penal sustantivo, rama que determina qué conductas son ilícitas y en qué condiciones se imputa responsabilidad, buscando así, definir cuando una conducta debe ser penalmente sancionada y cuando no. El objetivo principal es definir y delimitar el alcance de dicha institución cuando se presenta en contextos vinculados a actos colusorios. Para ello, se empleará bibliografía especializada, destacando los aportes teóricos de Claus Roxin y en especial de Gunter Jakobs, cuya información resulta fundamental para comprender la teoría de la imputación objetiva, que sostiene que para imputar responsabilidad penal, es necesario no solo examinar la relación causal entre la conducta y el resultado, sino también el riesgo jurídicamente relevante que la acción del autor ha generado, es decir, si su intervención ha incrementado un peligro significativo para el bien jurídico protegido. Asimismo, el análisis estará respaldado por jurisprudencia relevante, la cual permitirá contextualizar y aplicar los conceptos teóricos a casos concretos. Finalmente, como conclusión se observó que la Casación N° 526-2022, desde la teoría de la imputación objetiva, no se le puede atribuir responsabilidad penal cuando la conducta se enmarca desde un acto neutral, coincidiendo con los Magistrados en el punto de que el abogado actuó dentro de su rol profesional, sin tener ningún vínculo ni conocimiento del hecho delictivo, garantizando de esa forma el principio de legalidad.