Propuesta de estrategia sociopolítica económica y jurídica para prevenir y evitar la delincuencia común y lograr seguridad ciudadana. - Rafael Heredia, José Segundo (2018)
La presente investigación tiene como objetivo general determinar y proponer una estrategia sociopolítica, económica y jurídica a implementar para prevenir y evitar la delincuencia común y lograr seguridad ciudadana. Se desarrolló teniendo en cuenta cinco objetivos específicos. El estudio tiene como muestra 260 ciudadanos ronderos de Barrios Altos, Colpa Tuapampa y Cuyumalca – Chota, y 10 ciudadanos del distrito de JLO- Chiclayo dedicados a la delincuencia común. Todas las denuncias y actas de solución de conflictos de la Federeción Provincial de Rondas Campesinas y Urbanas y de las Rondas del Comité Central – Chota. Los datos se recogieron a través de la aplicación de un test, de una entrevista, de observación directa además se los datos estadísticos nacionales del INEI; los datos se procesan a través de la estadística descriptiva en el programa estadístico de Excel. El principal argumento para proponer una estrategia para prevenir y evitar la delincuencia común es el elevado indice de percepción de inseguridad; tienen temor de ser victimas, 90.8% a nivel nacional urbano y de 93.1% en ciudades con más de 20000 habitantes. Por otro lado destaca la relación directa entre corrupción y delincuencia, se aprecia que el crimen organizado sería aliado de la corrupción política, se piensa que los organismos del estado no responden ante la inseguridad por su relación con la corrupción; frente a este problema afirman el 86,54%, que la solución, es política y el 84,62% familiar, y el 90,7% es educativa. Vivimos una cultura de repreción, de litigio y de venganza; el delincuente se ha vuelto insencible y como respuesta aumenta su criminalidad; las cárceles están hacinadas al 131% de la capacidad de albergue. Por tanto, se plantea la prevención como política para tratar la delincuencia común tomando como ejemplo algunas prácticas del derecho consuetudinario, pluralismo jurídico donde cada comunidad, cada ciudad, cada barrio sea el promotor directo de su seguridad respetando la pluriculturalidad del país. Se recomienda a los municipios, liderar las políticas de prevención aplicando la propuesta sin descuidar su identidad cultural.