Principio de proporcionalidad de la pena y la inhabilitación perpetua en los delitos contra la administración pública - Mamani Rojas, Luis Miguel (2025)
El tema del presente trabajo está referido primordialmente en el análisis del Decreto Legislativo Nro. 1243, pues bien, en pleno siglo XXI se deben dar los mecanismos más adecuados y adecuados a los problemas existentes para solucionar el problema de la gran corrupción en nuestra administración pública, para no provocar un caos total y eventualmente destruir los órganos del aparato estatal, el dinero se desvía para su uso, beneficio, disfrute y enriquecimiento personal. El problema general de la presente es: ¿cómo la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública afecta el principio de proporcionalidad de la pena, siendo su objetivo general: determinar cómo la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública afecta el principio de proporcionalidad de la pena. La metodología empleada se ha ajustado a los lineamientos establecidos por la Universidad Peruana Los Andes, considerando para ello el método científico como método principal, siendo la investigación de corte transversal y de carácter no experimental. Como conclusión de la presente investigación se ha determinado que la pena de inhabilitación es una de las más severas de las restricciones de derechos, y esta gravedad se deriva de su carácter omnicomprensivo, ya que afecta al honor, al empleo de la función pública del recluso, además de los impedimentos para la adquisición de cualquier derecho. El sistema de ejecución antes mencionado no es inmediato durante el período de sentencia, y debe esperar la sentencia para evitar la sanción antes de que pueda implementarse. Es importante resaltar que el principio de proporcionalidad se debe aplicar en los supuestos de inhabilitación, ya que de lo contrario estaríamos incumpliendo las obligaciones convencionales que desde una perspectiva internacional nos vinculan como Estado, de ahí que si bien se quiera limitar y frenar este tipo de delitos contra la administración pública, se debe priorizar una adecuada aplicación de este criterio de proporcionalidad, asentado también en el criterio de razonabilidad, lo cual da como cuenta un aspecto esencial en relación al respeto irrestricto de las garantías fundamentales de los imputados.