Razones para la inaplicación del antejuicio político en sede parlamentaria a los altos funcionarios del sistema judicial y fiscal de un estado constitucional de derecho - Murillo Avalos, Zoila Raquel (2020)
Uno de los principales pilares para la existencia de un correcto funcionamiento de justicia dentro de los órganos de un Estado Constitucional de Derecho es la aplicación de un sistema de control, que fije parámetros y lineamientos que permitan dentro de un sistema de administración de justicia racionalizar el ejercicio de poder por parte de quien lo ejerce. El antejuicio político es una figura normativa que se desarrolla como un instrumento de control y a su vez como un procedimiento congresal o parlamentario. Este último viene generando en la actualidad considerables complicaciones para una correcta administración de justicia dentro de un Estado de Derecho. Esta problemática es que la plantearemos en el presente trabajo dentro del capítulo I. Asimismo, teniendo en cuenta que en todo Estado de Derecho existen mecanismos de control de poder dirigido a todo funcionario o servidor público, en el capítulo II definiremos cuáles son aquellas facultades y competencias de los funcionarios de un sistema parlamentario, judicial y fiscal. En este capítulo trataremos también un tema de actualidad social, que viene a ser la extralimitación de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones y los grandes perjuicios que ello acarrea. En el capítulo III explicaremos cuáles son las razones y motivos que originan que el antejuicio político, como procedimiento y mecanismo de control, limite y permita que los funcionaros y/o servidores públicos no sigan los lineamientos y principios que un Estado de Derecho establece, evitando que respondan frente a los actos contrarios a la ley que cometen en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, luego de haber desarrollado los conceptos anteriores, en el capítulo IV propondremos un cambio en la normativa correspondiente al antejuicio político, a fin de evitar que esta sea utilizada más como una protección para los altos funcionarios, buscando para ello trasladar la competencia que le corresponde al Congreso de la República en materia de antejuicio político a un nuevo ente regulador que se comporte como un órgano constitucional autónomo. De esta manera la presente investigación busca aportar a uno de los fines esenciales del Estado Constitucional de Derecho, el cual es preservar un correcto funcionamiento de justicia que funcione de manera eficaz y transparente.