La sanción penal al instigador y su afectación al principio de proporcionalidad de la pena - Calle Cordova, Vinter (2022)
La presente investigación se dirige a determinar el fundamento jurídico-penal en la que se sustenta la imputación de responsabilidad del partícipe a modo de instigador y su vinculación con el principio de proporcionalidad, de tal forma que entendemos que una de las manifestaciones del derecho penal peruano es la materialización de un acto concreto (derecho penal de acto) la que fundamenta la responsabilidad, y no los meros pensamientos o actos deliberativos, por ello, es evidentemente claro la diferenciación existente entre el aporte de un partícipe (como inductor) y el aporte realizado por el propio autor, quién es el último que termina afectando al bien jurídico tutelado, determinando para esto la ausencia de un fundamento contundente para establecer ¿cuál es la equiparación a efectos de determinación de la pena entre el instigador y el autor de un hecho punible? Para determinar y resolver el problema propuesto se ha ejecutado una investigación no experimental, que parte de explorar la dogmática construida alrededor de la teoría de la autoría y participación, centrándonos en auscultar la naturaleza y desarrollo de la figura de la instigación, así como también contraponer una propuesta de solución a la problemática que se presenta en su aplicación. Para ello nos basamos principalmente en el estudio de la doctrina penal, así como el de la jurisprudencia penal peruana, también se empleó la recolección de datos a través del estudio y análisis de dos resoluciones judiciales respecto de casos emblemáticos sobre condenas recaídas por instigación suscitados en el Perú. Todo ello en aras de dilucidar los aspectos que aún se encuentran ambiguos y oscuros sobre uno de los temas más controversiales del derecho penal, como es la figura de la instigación en la Teoría de la autoría y participación. Del estudio realizado se concluye que efectivamente existe una afectación al principio de proporcionalidad, toda vez que no se ha establecido un fundamente concreto, adecuado e idóneo para establecer la misma pena del autor para el inductor, afectando así una de las 5 garantías que tiene el ciudadano para confrontar al inmenso poder coercitivo con la que cuenta el Estado.