La autonomía del delito de lavado de activos y su afectación al principio de imputación necesaria, inmerso en el derecho a la defensa - Romero Gonzales, Teddy André (2018)
Como manera de entrar en este punto relevante que es la autonomía del delito de lavado de activos y su vulneración al derecho a la defensa, principalmente en su arista de informar correcta y detalladamente de los cargos que se le imputan a una persona, traducida esta como el principio de imputación necesaria. El principio de Imputación necesaria es un principio constitucional del derecho penal que consiste en una imputación correctamente formulada Esto es, una atribución clara, precisa, explícita, detallada y circunstanciada de una comunicación con apariencia delictiva concretamente individualizado, a una persona determinada, con un nivel de vinculación ciertamente probable; a efectos de que esta tenga la posibilidad de ejercitar eficazmente su derecho de defensa. (MONTERO CRUZ, 2014). El principio de imputación necesaria implica la referencia obligatoria al derecho de defensa, siendo esta la manera que el imputado obtiene tutela, como forma de un debido proceso y teniendo las debidas garantías constitucionales, a través de una buena defensa, la que ayudará a repeler ciertas agresiones sustantivas dentro de un proceso penal; estas agresiones ponen en cuestión y en peligro sus propios bienes jurídicos, entre ellos la libertad. Ahora bien, respecto a las garantías procesales que protegen al imputado, podemos afirmar que, el lado garantista no ha sido en lo absoluto considerado en la política criminal nacional, la dogmática penal no puede ser cómplice de este exceso punitivista por lo que el análisis jurídicodogmático de la regulación penal debe procurar adaptar los tipos penales a las exigencias que imponen los criterios de imputación penal actualmente admitidos. (GARCIA CAVERO, 2015). Entonces, debemos determinar una correcta aplicación de la norma, que no vulnere los principios constitucionales y supranacionales reconocidos, pero al mismo tiempo no sea un entrampamiento y se siga vulnerando derechos, debido a la dificultad probatoria que existe para determinar la configuración de este delito, y así la política-criminal establecida se desarrolle correctamente y se pueda alcanzar sus objetivos planteados.