Reemplazo de juez de investigación preparatoria ante la rectificación del requerimiento de sobreseimiento por parte del Fiscal Superior - Paz Castillo, Faustina (2025)
Esta investigación abordó el reemplazo del juez de investigación preparatoria cuando el fiscal superior rectificó el requerimiento de sobreseimiento. El estudio se centró en la necesidad de regular este reemplazo desde un enfoque jurídico, considerando que el derecho a un juicio justo exige un control adecuado del nuevo requerimiento acusatorio. El objetivo principal fue determinar las razones jurídicas que justifican la regulación de dicho reemplazo. Para ello, se analizaron los procedimientos vinculados al sobreseimiento, la importancia del rol del juez de investigación y se comparó el tratamiento jurídico en otros países como Costa Rica y Paraguay. Además, se propuso una reforma normativa al artículo 345 del Código Procesal Penal que establezca las bases para un reemplazo adecuado del juez de investigación. La investigación utilizó un diseño cualitativo, apoyado en la lectura crítica, el análisis documental, y entrevistas a jueces de investigación. Se emplearon métodos lógicos y jurídicos, como el deductivo e histórico, para comprender la importancia y el impacto del reemplazo del juez en la administración de justicia. Es importante también resaltar que el Código Procesal Penal introdujo cambios significativos en el sistema procesal, transformándolo de un sistema inquisitivo, donde el juez concentraba las funciones de investigación y resolución, a un sistema acusatorio con una clara división de roles. En este nuevo proceso, la investigación preparatoria está a cargo del fiscal, mientras que el juez de investigación preparatoria controla las decisiones de sobreseimiento o acusación. No obstante, cuando un fiscal superior rectifica un requerimiento de sobreseimiento, se presenta un problema en la imparcialidad del juez que ya ha valorado los elementos de convicción, lo que podría comprometer la igualdad de armas y el derecho a una defensa justa del imputado. Por último, los resultados señalaron la necesidad de una reforma que garantice la objetividad y la protección de los derechos fundamentales en los procesos penales, evitando contradicciones con los principios constitucionales y los tratados internacionales