El trabajo infantil, la inaplicación de la regulación de adolescentes que trabajan y su afectación a la doctrina de protección integral del niño y adolescente en Trujillo, en el año 2023 - Moran Melgarejo, Naycha Jacquelin Israela (2024)
El objetivo del presente estudio es analizar el trabajo infantil, la inaplicación de la regulación de adolescentes que trabajan y su afectación a la doctrina de protección integral del niño y adolescente en Trujillo, en el año 2023, considerando uno de los decretos legislativos que permite la autorización para que los menores de edad trabajen de manera “formal”. La investigación que se ha desarrollado es de tipo explicativa y con diseño descriptivo simple, dado que se trata de evolución de variables, realizado con una muestra de 20 profesionales especializados en familia y Derecho Laboral. Como técnica principal se utilizó el análisis documental y como instrumento la entrevista. Los resultados destacan la necesidad de fortalecer el marco legal para garantizar la doctrina de protección integral del niño y adolescente. Este hallazgo respalda la idea de que un entorno legal sólido es indispensable para afrontar el trabajo infantil y asegurar el bienestar de los menores. Por otro lado, la complejidad del trabajo infantil requiere la implementación y reforma de leyes específicas, alineadas con los estándares internacionales y con mecanismos de aplicación efectivos. La legislación debe acompañarse de políticas públicas integrales que incluyan educación y protección social hacia los niños y adolescentes, es por ello que la protección constitucional debe complementarse con leyes específicas y políticas efectivas para garantizar que estos derechos sean efectivamente ejercidos. Así como también el derecho a la educación requiere políticas inclusivas que garanticen que todos los niños, independientemente de su situación laboral, tengan acceso a una educación de alta calidad. Para abordar este problema, los programas de apoyo y recuperación educativa son esenciales, incluso la aplicación efectiva de la normativa requiere supervisión continua y compromiso político