La responsabilidad civil ante la denegatoria a la pensión de jubilación en sede administrativa y reconocida en sede judicial - Diez Canseco Solano, Carlos Alfonso Jesús (2018)
La presente investigación está referida respecto de la configuración de la responsabilidad civil frente a la denegación al derecho a la pensión de jubilación en sede administrativa, pero reconocida posteriormente en sede judicial, cuyo objeto es la obtención de una indemnización por daños y perjuicios, precisamente por el no reconocimiento oportuno. Frente al hecho descrito y estando ante un trabajo de investigación cualitativa, se elabora el siguiente enunciado: ¿Se configuran los elementos de la responsabilidad civil para la Oficina de Normalización Previsional al desestimar expresamente la solicitud de pensión de jubilación en sede administrativa y reconocida en sede judicial?; conllevando a plantear una hipótesis que permita acercarse a responder el enunciado, profundizando en el estudio bajo las doctrinas nacionales como internacionales, así como las Leyes pertinentes según la materia y las jurisprudencias emitidas. Con motivo de la presente investigación se tiene como objetivos, identificar los presupuestos para acceder a la pensión de jubilación, analizar los presupuestos de la responsabilidad civil; y finalmente, explicar la presencia o ausencia de conexidad entre la denegación expresa de pensión de jubilación y la configuración de los elementos de la responsabilidad civil. Para abordar los objetivos indicados, la presente investigación se ha coadyuvado del método inductivo, deductivo, analítico, hermenéutico y exegético, los cuales han permitido obtener un mejor panorama sobre la realidad problemática presentada. Finalmente, se ha efectuado una discusión de los resultados obtenidos, teniendo como conclusiones que el hecho antijurídico se ausenta como elemento de la responsabilidad civil al emitirse un pronunciamiento expreso por parte de la Entidad Administración Previsional; pues está atendiendo con la solicitud formulada, cumplimiento así con su deber y función como institución del Estado, conllevando a la ruptura de un vínculo con el daño alegado como ocasionado y la ausencia de cualquier atribución de su actuar como culposo o doloso.