Obligación de denunciar al cónyuge o parientes por consanguinidad o afinidad, en el delito de violación sexual de menores - Sánchez Pintado Gian Marco (2025)
El presente trabajo de investigación ha desarrollado la problemática respecto de la obligación de denunciar al cónyuge o parientes por consanguinidad o afinidad, en el delito de violación sexual de menores, entendida la violencia sexual como el acto de agresión más cruel que pueda sufrir un niño, niña o adolescente, aunado a ello la desprotección por parte de sus familiares al no denunciar los hechos amparándose en el artículo 327 del código procesal penal, toda vez que regula que “Nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. Esta problemática forma parte de la realidad social que se evidencia en impunidad sobre estos delitos cometidos en el círculo familiar. En el marco teórico hemos analizado leyes peruanas como el decreto legislativo 1589- Código penal, la constitución política del Perú, jurisprudencia, mediante el derecho comparado se han analizado las normas de los países que regulan el comportamiento omisivo del garante determinando responsabilidad penal; como España y Argentina; también hemos estudiado los dispuesto por organismos internacionales como la ONU, la Convención sobre los derechos del niño, los cuales tutelan la protección del niño, niña o adolescente sobre la unión familiar. El trabajo contiene el desarrollo de las instituciones jurídicas, como la violación sexual regulada en la legislación peruana, la posición de garante en razón del vínculo familiar, el interés superior del niño en su entorno familiar. Asimismo, se analiza detalladamente los fundamentos jurídicos y sociales que justifican la obligación de denunciar al cónyuge o a los parientes por consanguinidad o afinidad en casos de violación sexual de menores, destacando la importancia de proteger a las víctimas y fortalecer el marco legal en materia de delitos contra la indemnidad sexual. La metodología utilizada es de naturaleza no experimental, con una finalidad básica, carácter cualitativo y profundidad descriptiva. La población y muestra comprenden a jueces supremos, fiscales provinciales y abogados penalistas. A estos se les aplicaron técnicas como la observación, entrevistas y recolección de información, para lograr una comprensión detallada de los temas tratados.