Improcedencia de mecanismos de simplificación procesal en delitos según la ley 30838 y su proporcionalidad con el derecho de igualdad - Vicente Gonzales, Angy Lisbeth (2023)
Se analizó la proporcionalidad entre la improcedencia de los mecanismos de simplificación procesal en los delitos según la ley N.° 30838 y el derecho a la igualdad, conforme a la percepción de los fiscales penales del Distrito Fiscal de Tumbes, 2022. La metodología fue descriptiva-explicativa e hipotética-deductiva, considerando la opinión de 25 fiscales penales (muestra). Se recogió la información mediante una encuesta y un cuestionario de 18 ítems (Alpha de Cronbanch: 0.826 – confiabilidad alta). Con el apoyo de Excel y SPSS V.25, se calcularon frecuencias, porcentajes y la mediana y rango, como medidas de dispersión y endencia central, respectivamente. Las correlaciones fueron obtenidas con la Rho-Spearman (α: 0.05). La percepción de los fiscales legitima la exclusión de los mecanismos de simplificación procesal en los delitos de violación a la libertad sexual, proxenetismo y ofensas al pudor público. El examen sobre la proporcionalidad de la improcedencia evidenció un acuerdo con respecto a la existencia de “una relación medio-fin” con base en los principios de idoneidad, necesidad y ponderación. Se reconoce que tal exclusión limita la justicia penal negociada en detrimento de los beneficios del imputado, evidenciándose un tratamiento ambiguo. Se cuestiona la utilidad de esta medida en cuanto al propósito preventivo de impedir la comisión ulterior de estos delitos; y, la protección de los bienes jurídicos. Existe una relación significativa entre las variables (p-valor: 0.004 ≤ 0.05), resaltando la relación entre la conclusión anticipada y el principio de necesidad. Concluyéndose, que la improcedencia de los mecanismos de simplificación procesal en los delitos de libertad sexual, no exhibe una adecuada proporcionalidad y vulnera el derecho a la igualdad de los investigados; por lo que, se recomienda al legislador revisar la ley N.° 30838, y que se contemple un juicio de proporcionalidad, que valore la significación de los derechos esenciales vulnerados.