A terminación anticipada de los procesos penales por violación sexual - Huánuco 2018 - Aguirre Morales, Karen Lizet (2019)
La presente investigación ha tenido como objetivo determinar que la prohibición de la terminación anticipada en procesos por violación sexual, afecta el principio de igualdad ante la ley en Huánuco 2018. Nuestro método utilizado en el desarrollo de la investigación fue el método dialectico, porque nos ha permitido desarrollar el trabajo sobre la base de las contradicciones como toda investigación jurídica. El tipo de investigación, fue aplicada, porque nos propusimos desde el inicio dar una forma de solución al problema que se refleja en la realidad, para tal fin hemos recurrido a conocimientos técnicos, sumándose a estos medios, el nivel descriptivo explicativo, por cuanto describe de manera sustancial el problema que causa la no aplicación de la terminación anticipada en los delitos de violación sexual. El diseño es no experimental en su forma transversal. La población estuvo conformada por 72 profesionales entre fiscales y jueces, la muestra estuvo constituido por 33 profesionales, es decir 14 fiscales y 19 jueces quienes prestan sus servicios en el Distrito Judicial de Huánuco, siendo las técnicas utilizadas el análisis documental y las encuestas, todas ellas se han materializado muy cuidadosamente hasta el final. El resultado de nuestra investigación nos ha permitido indicar que efectivamente la terminación anticipada es una respuesta integral y rápida, frente a la necesidad de nuestra sociedad. Asimismo los señores Magistrados encuestados opinaron que la terminación anticipada no viola ningún derecho de la agraviada, porque el control de la legalidad judicial, la calificación jurídica del hecho y la pena razonable y otros elementos de convicción suficiente corresponde al juez de la causa. De la misma manera se ha podido comprobar gracias a nuestra encuesta practicada, que, la terminación anticipada en delitos de violación sexual, conlleva a una justicia rápida y eficaz y en lo fundamental permite la descarga procesal, porque evita investigaciones y un juzgamiento innecesario si de por medio refleja el acuerdo entre el representante del Ministerio Público y el imputado. Siendo todo ello una política criminal de abreviación del proceso, para permitir la reducción de la carga procesal en los juzgados pertinentes.