Expediente civil Nº 01136-2011-0-1903-JR-CI-02; desalojo - Mendoza Manuyama, Carlos Javier (2019)
El desalojo por ocupación precaria es una de las problemáticas que se ha tenido en materia civil en nuestro País, es por ello que se ha tratado de tener un concepto claro de quien es el poseedor precario a través de diversas jurisprudencia vinculantes y hoy en día a tratar de desarrollarse a plenitud mediante los plenos casatorias y plenos jurisdiccionales o distritales. Este proceso se ha tramitado en primera instancia ante el segundo juzgado civil de Maynas de la corte superior de justica de Loreto hasta última instancia – corte suprema de justicia de la Republica. Se ha tenido muy en cuenta los diversos actos procesales de ambas partes, como la Audiencia Única en la cual se ha estableció los aspectos controversiales que se tendría que desarrollarse. En la primera parte de este informe versa el análisis respectivo de la demanda, prosiguiéndose con la contestación de la demanda, y la expedición de la sentencia. Asimismo, se continuara con el trámite del recurso de apelación seguido ante la sala civil mixta de la corte superior de justicia de Loreto; y finalmente se hace un resumen del proceso de casación ante la corte suprema de justicia de la república. la sentencia final emitida por la sala civil transitoria de la corte suprema, en el extremo de que la causal de precariedad es la adecuada por que ha quedado demostrado que la empresa HOTELES CADENA REAL SAC no es propietario toda vez que afirma al haberlo adquirido en virtud de aporte de capital efectuado como consecuencia de la división de la compañía CODISA, sin embargo de lo actuado aparece que la propiedad del inmueble se retrotrajo al dominio de COFIDE por efecto de la resolución unilateral de contrato de escritura pública 09 de enero de 2009, por consiguiente se determina que el título que alega la empresa demandada feneció con anterioridad a la adquisición del bien por parte de la empresa demandante por lo que tiene la calidad de poseedor precario ( art. 911 del código civil ). A lo que se debe agregar que el requerimiento del demandante implica un aviso extrajudicial que pone termino a cualquier posible relación de arrendamiento que haya podido existir, siendo así dicho argumento de que existe contrato, habría fenecido. Por otro lado la demandante demostró que adquirió el derecho de propiedad del inmueble por un contrato de compraventa de 05 de agosto de 2011 y su posterior inscripción en los registros públicos.Consecuentemente la demandante tiene derecho a la restitución del inmueble por efecto de los atributos del derecho de propiedad reconocidos en el art 923 del CPC concordante con el art 586 del CPC derecho que goza de oponibilidad erga onmes que otorga el principio de publicidad registral reculado en el art. 2012 del código civil.