Defensa del imputado en las medidas de protección en delitos de violencia familiar Distrito Judicial de Lima Este 2020 - Alvarez Bocanegra, César Victor (2021)
La presente investigación tiene como propósito adecuar un mecanismo normativo en la ley N° 30364 que regule la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en el extremo de la vulneración del derecho de defensa del imputado en las medidas de protección dictadas en su contra por los delitos de violencia familiar. La judicialización obligatoria desde este tipo de delitos, sin un debido procedimiento atenta contra derechos fundamentales, porque se confunde mucho lo que es un conflicto con violencia familiar. Por tal razón la investigación se orientó a demostrar como el trámite del proceso por violencia familiar afecta a derechos fundamentales como el debido proceso, a la defensa del denunciado, entre otros. Para ello, se utilizó como método de estudio el enfoque cualitativo, cuya finalidad es recoger datos a través de manuales, documentaciones o entrevistas, del mismo modo la tesis, se encuentra enfocada en una investigación jurídica de tipo Fenomenológico. Siendo la unidad de análisis el estudio de la norma, la doctrina, la jurisprudencia y las entrevistas. Finalmente, luego de haberse utilizado la triangulación de datos, se ha concluido que el procedimiento para conceder medidas de protección en violencia familiar, vulnera derechos fundamentales amparados por la Constitución Política del Perú, y normas supranacionales. Estos son el derecho a una debida notificación de la denuncia, vulneración al plazo razonable para la defensa en el proceso, derecho a la contradicción. Por tales motivos se hace la siguiente recomendación como mecanismo de modificación de la ley de violencia familiar en su artículo 16 de la ley y el articulo 35 del reglamento, ampliando el plazo a 72 horas para que el juez de la causa, oralice la audiencia y decida sobre el otorgamiento o no de las medidas de protección, de la misma manera las fichas de valoración de riesgo deben ser llenados por profesionales competentes del Centro de Emergencia Mujer que se encuentran en las comisarías y por último el Juez de Familia antes de dictar las medidas de protección debe disponer primero que el agresor y la victima pasen por una asesoría familiar (terapia familiar) a efectos de cautelar la unidad familiar consagrados en nuestra constitución.