La Unidad de Protección Especial y Los procesos judiciales del Decreto Legislativo Nº 1297, Majes - 2020 - Quintanilla Medina, Mirella Jhuliana (2021)
El presente informe, está basado en investigar los asuntos relacionados a los procesos judiciales de abandono y riesgo de niñas, niños y adolescentes del Decreto Legislativo Nº 1297, dicho decreto busca lograr la protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Dicho fin no siempre se cumple debido a que no se logra realizar una exhaustiva investigación para determinar la verdadera situación del menor, es por ello que existe actualmente la Unidad de Protección Especial – UPE, que es de gran ayuda para brindar una mayor celeridad en los procesos antes mencionados e incluso coadyuva a que los procesos judiciales de esta índole duren aproximadamente un mes. Situación que sucede diferente en las provincias y distritos, en los que no se han realizado la creación de estas Unidades de Protección Especial, pues ahí todavía los procesos de riesgo y abandono de menores de edad son llevados por el Ministerio Publico, razón por la que los procesos duran más tiempo del debido. En ese sentido, en el presente informe hemos determinado si los procesos judiciales de riesgo y abandono de niñas, niños y adolescentes son más lentos y tardan más de lo debido sin la creación de las Unidades de Protección Especial en provincias y distritos según los procesos judiciales del año 2020. La metodología utilizada se ha basado en la recolección de datos, tanto como las entrevistas realizadas a jueces y secretarios del despacho estudiado y la guía de análisis documental recabada durante todo el proceso de proyección del presente informe, para lo cual se ha podido apreciar que los factores que hace que los procesos judiciales de abandono y riesgo sean más lentos y tarden más de lo establecido en la norma, son la ausencia de las Unidades de Protección Especial, la falta de profesionales dentro del proceso, la sobrecarga procesal, entre otros.