La inmunidad parlamentaria y la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado en la Constitución vigente de 1993, Lima-Perú - Valenzuela Ramírez, Yersen Franz (2019)
La presente investigación tuvo como su objetivo general analizar cómo la inmunidad parlamentaria sanciona la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado en la Constitución vigente del 1993, Lima-Perú, así como también analizar el procedimiento y la revisión de la denuncia penal, en concordancia de la investigación en el proceso ordinario y la aprobación del arresto y proceso judicial, para ello se fundamentó en autores como Gude (1994), Gutiérrez (2016), Alvarado (2017), Zegarra (2016), Mariano, Bressan y Luciano (2017), Delgado (2019), Pehe (2018), Gastón y Barbieri (2014), entre otros. En cuanto a la metodología empleada fue un estudio de enfoque cualitativo, finalidad básica, nivel descriptivo y un diseño de la teoría fundamentada como parte de los estudios interpretativos. Además, se utilizó cinco instrumentos de recolección de información como son: las guías de entrevistas, las fichas de análisis de fuentes documentales, las fichas de análisis de resoluciones, y las fichas de análisis de normas nacionales e internacionales, y se trabajó con 2 expertos en derecho constitucional y 2 expertos en derecho penal, si como también fuentes como revistas, artículos y libros. Los resultados obtenidos determinaron que la inmunidad no garantiza la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado, toda vez que, no permite garantizar la responsabilidad penal de los altos funcionarios de Estado. Finalmente, la conclusión arribada estableció que la inmunidad parlamentaria es una figura jurídica que no permite sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado en la Constitución vigente del 1993, toda vez que, en la mayoría de los casos nunca se llegan a sancionar por los delitos penales comunes, socavando de esa forma la apertura del proceso y el arresto judicial, ya sea, porque los congresistas delegados de evaluar la denuncia penal y llevar a cabo el procedimientos interno no aplican correctamente la norma o priman intereses privados o partidarios, generándose un ambiente de impunidad, innocuidad y arbitrariedad.