Principio de proporcionalidad de la pena y el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, Sullana - 2025 - Rufino Carreño Jorge Alberto (2025)
El propósito principal de este estudio jurídico apuntó a examinar de qué manera la imposición de la pena por la figura del delito de tenencia ilegal de armas de fuego influye en el principio de proporcionalidad dentro del sistema punitivo, enfocándose específicamente en la localidad de Sullana; para ello, se adoptó metodológicamente un enfoque cualitativo, exploratorio, descriptivo y transversal, llevando a cabo entrevistas con expertos en el ámbito jurídico, como abogados, fiscales y académicos, los cuales constituyeron aportes fundamentales para mi investigación. Los resultados logrados en el presente informe, revelaron que el Art. bajo análisis, determina una pena única y severa, aunque sin distinguir necesariamente entre conductas que son claramente diferenciadas, ya como la simple tenencia, porte o incluso la fabricación de armas de fuego: por ello, la falta de diferenciación impide que los jueces puedan tomar en cuenta factores importantes como la intencionalidad, el daño real ocasionado o el contexto en el que se produjo el hecho delictivo; en base a ello, se concluyó que dicha disposición infringe el principio de proporcionalidad, el cual está protegido tanto por la Constitución como por la legislación penal, y da lugar a una respuesta punitiva automática, desmedida y, en muchos casos, meramente simbólica. Además, se identificó que la aplicación práctica de este principio es débil, debido a presiones sociales y políticas que privilegian el castigo sobre la justicia personalizada. En Sullana, se observó un aumento alarmante de este delito, ligado a actividades criminales como el sicariato y el narcotráfico, ante lo cual el Estado ha respondido principalmente con un endurecimiento indiscriminado de las penas, sin implementar estrategias preventivas diferenciadas ni políticas efectivas para controlar las armas. De esta forma, se recomienda una reforma urgente del artículo bajo análisis, que incluya una graduación clara de las penas, una interpretación judicial con un enfoque garantista y la implementación de acciones preventivas y sociales integrales en las zonas más vulnerables.