Resolución de casos de tercería de propiedad en el procedimiento de ejecución coactiva, a través de la aplicación de la casación N° 3671-2014-Lima (VII Pleno Casatorio Civil) - Paucar Uribe, Leonela Cristal (2025)
La analista legal ( en adelante, la bachiller ) desempeña un papel fundamental en la sociedad , al garantizar el respeto y la aplicación de las normas jurídicas, promoviendo la justicia, la equidad y la seguridad jurídica. Desde su labor, contribuyen a resolver conflictos legales, protegen derechos y aseguran el cumplimiento de las obligaciones legales, lo que fortalece el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en las instituciones. En el ámbito estatal, como parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) , el rol de la bachiller se enfoca en garantizar el correcto cumplimiento de las normativas que protegen los derechos de los consumidores y regulan la competencia, el comercio y otras áreas claves para el desarrollo económico y social del país. En la Unidad de Ejecución Coactiva (en adelante, la UEC) del INDECOPI, he tenido la oportunidad de experimentar un crecimiento profesional significativo al aplicar y reforzar mis conocimientos jurídicos en diversas áreas. Esta unidad tiene la responsabilidad de ejecutar las sanciones impuestas por los diferentes órganos resolutivos de la institución, lo que me permitió familiarizarme con una amplia gama de materias reguladas por INDECOPI , desde la protección al consumidor hasta la defensa de la libre competencia. Durante mi experiencia, noté que en el procedimiento de ejecución coactiva surgían con frecuencia solicitudes de tercería de propiedad, presentadas por administrados ajenos a la relación coactiva (en adelante, el tercerista), que aducían ser propietarios de los inmuebles afectados con medidas cautelares de embargo en forma de inscripción que se encontraban en etapa de ejecución forzosa (remate); habiéndose dispuesto dicho embargo con la finalidad de asegurar el cumplimiento de una obligación contraída por el deudor (en adelante, el obligado) con el INDECOPI . Siendo en la mayoría de los casos, que el tercerista no tenía documento alguno a fin de acreditar su derecho de propiedad, tan sólo la copia de un documento privado con sellos y firmas notariales. Este fenómeno planteaba un conflicto que requería soluciones jurídicas eficientes para salvaguardar los derechos de terceros y garantizar la legalidad del procedimiento. Dado el impacto de las transacciones comerciales y actos legales, así como los riesgos que pueden afectar los intereses de los administrados, resulta fundamental adoptar medidas más eficaces de protección y preservación documental. En este contexto, la Casación N° 3671 - 2014 - LIMA (VII Pleno Casatorio Civil), se presenta como un precedente clave para resolver las solicitudes de tercería de propiedad, al establecer criterios que garantizan la seguridad jurídica y optimizan la gestión administrativa. Su aplicación puede mejorar la valoración de documentos en las tercerías, garantizando transparencia y evitando dilaciones indebidas. Para la elaboración de este informe, se ha utilizado una metodología descriptiva y deductiva, analizando las funciones y actividades realizadas en la UEC , con especial énfasis en los procedimientos de embargo en forma de inscripción y las solicitudes de tercería de propiedad. La información ha sido recopilada a través de la observación directa y la revisión de expedientes, lo que ha permitido identificar desafíos en la gestión de documentos de este procedimiento. En vista de los riesgos que enfrenta el desarrollo del procedimiento de ejecución coactiva, la aplicación del VII Pleno Casatorio Civil resulta fundamental, ya que establece criterios que permiten verificar la autenticidad y legitimidad de los títulos presentados por los terceristas, asegurando que las resoluciones coactivas emitidas en respuesta a estas solicitudes se ajusten a lineamientos legales y doctrinarios. Sobre la base de este precedente, las resoluciones coactivas deben fundamentarse en la exigencia de documentos fehacientes que acrediten la titularidad del bien objeto de embargo. Además, la verificación documental conforme a estos lineamientos puede fortalecerse con el uso de herramientas tecnológicas, como la digitalización y la interoperabilidad entre entidades, lo que contribuiría a una gestión más eficiente y transparente de los procedimientos administrativos.