Influencia de la corrupción en los procesos de contratación y selección del Estado - Garavito Conislla, Pablo Santiago (2018)
Como es bien sabido, los delitos de corrupción de los funcionarios públicos protegen el correcto bien jurídico y el funcionamiento regular de la Administración Pública. Este derecho legal está constituido por una serie de principios que deben regir, orientar e informar el ejercicio de la función pública y que son atacados por cada delito de corrupción de una manera específica. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional se ha referido a "la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la competencia leal y el trato justo y equitativo de los proveedores potenciales, como los principios que se derivan de la contratación pública y están protegidos en el delito de colusión". Con la economía cada vez más abierta en el mundo, más competencia y más mercado, es importante aprovechar para comprar mejor con una administración de compras más transparente, flexible e informatizada. Para esto, es necesario mejorar los sistemas internos de gestión y control con contralores independientes y con recursos propios. Tener a alguien a cargo de la regulación y evaluación de adquisiciones, un organismo regulador y un proveedor de sistemas de información. Participación ciudadana en control. Adquisición y contratación, ya que la gestión pública se estudia ampliamente debido a la importancia de los recursos que gestiona a nivel mundial; Tienen un alto riesgo de corrupción en el Perú, a pesar de las actuales normas de procedimientos, control y transparencia que maneja el Sistema Nacional de Contratación y Adquisiciones del Estado. El Estado es el principal adquirente y contratista, cada año destina aproximadamente el 30% de su presupuesto anual para comprar bienes y servicios y la ejecución de obras, sin incluir los montos de los préstamos y los créditos presupuestarios de emergencia. El problema es cómo gastar esos recursos de manera eficiente, sin el riesgo y la alta tasa de corrupción percibida. Con este escenario, garantizamos procesos de selección que merecen la aprobación del interés público, sin perjuicio del legítimo interés privado que es la ganancia, reduciendo la sensación de que los funcionarios de compras son sobornos y proveedores inescrupulosos, dañando la eficiente administración de los recursos del Estado. Frente a este sentimiento y con la experiencia de más de 6 años como funcionario público responsable de adquirir y contratar bienes y servicios para un Poder del Estado, lo que me ha permitido ver de cerca, ya que en la práctica el interés público no es respetado por el interés privado en la adquisición y adquisición del Estado; A pesar de la legislación suficiente, cuestionada porque es propicia a actos de corrupción; Y las sanciones a las que el funcionario público es responsable. El tamaño de la contratación pública en las economías de los países y la magnitud de la corrupción implican que las consecuencias de la corrupción en el sector en términos de desarrollo son inestimables. Desde un punto de vista económico, Susan Rose-Ackerman señala que los costos superan el dinero perdido del presupuesto, ya que la corrupción limita el número de postores potenciales a quienes tienen conexiones o más información, aumenta los costos de transacción y reduce la competencia.