Violación de los principios del derecho penal y ejercicio judicial del juez penal en la corte superior de justicia de Pasco, 2020 - Jimenez Zarate, Sarita Verónica (2023)
Los principios jurídicos del derecho Penal se usan en la norma para expresar los valores superiores de un ordenamiento jurídico como el principio de igualdad constitucional, dirigida por los órganos del derecho aplicando e interpretando. El Estado del derecho penal es un Estado de leyes para gobernar, administrar y controlar la marcha de las instituciones públicas y privadas con ideas claras de igualdad y libertad, respetando la razón formal del derecho penal. La certeza del principio de legalidad y necesidad confiere al órgano jurisdiccional un margen de libertad, que permite adaptar la pena al caso concreto, buscando la justicia con utilidad. La responsabilidad criminal no es ajena a la realidad; los hechos, las situaciones y los datos no son ajenos a la estructura del tipo; la ley le confiere la virtud de servir como instrumento de medición de la pena de los casos según el poder de los jueces. Los principios que establecen los objetivos, las metas y los propósitos sociales, económicos y políticos, exigen la justicia, equidad y moral estrictamente. Los principios penales según LUIGI FERRAJOLI, son las garantías penales como: Nulla poena sine crimine, Nullum crimen sine lege, Nulla lex (penales) sine necessitate, Nulla necessitas sine injuria, Nulla injuria sine actione y Nulla actio sine culpa. Las garantías procesales del derecho adjetivo penal son: Nulla culpa sine indicio, Nullum iudicium sine acusatione, Nulla acusatio sine probatione y Nulla probatio sine defensione. El delito, la ley, la necesidad, la lesión, la conducta, la culpabilidad, el juicio, la acusación, la prueba y la defensa son condiciones para determinar la pena en el derecho penal. Los modelos teóricos del derecho penal resultan la inclusión de los principios del sistema garantista del ordenamiento penal, incluyendo los enunciados, los axiomas, las máximas y los principios axiológicos. Por ejemplo, el principio de legalidad considera las garantías individuales como garantías criminales, jurisdiccionales, penales y de ejecución, aplicables a los delitos como medidas de seguridad de los ciudadanos, ejerciendo el poder punitivo. La garantía criminal exige que el delito (crimen) está determinado por la ley “Nullum crimen sine lege”. Según el código penal son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Las medidas de seguridad se aplican según los presupuestos de la ley. Esta garantía dota al ciudadano la posibilidad de distinguir los hechos prohibidos de los hechos permitidos, ajustando su comportamiento marcado por la ley, mediante el fundamento tutelar del ciudadano ante el poder del Estado. “La garantía penal de la ley señale la pena que corresponde al hecho “nulla poena sine lege”. No se castiga ningún delito con pena que no está prevista por la Ley anterior a su perpetración. Carece de efecto retroactivo las Leyes que establece medidas de seguridad. El derecho a un debido proceso es el derecho humano infringido por el Estado y usado por los operadores judiciales que hacen incurrir al Estado en responsabilidad. El debido proceso, es el derecho de defensa procesal; es una garantía procesal que está presente en los procesos de tipo penal, civil, administrativo” Las labores diarias del Juez de Investigación Preparatoria, comprende una serie de decisiones tomadas oralmente en audiencia y resuelve los pedidos de las partes en forma oral y en forma escrita. Resuelve requerimientos fiscales y solicitudes de las partes sin trámite alguno en forma escrita. “El Juez atiende en el despacho la revisión y firma de las resoluciones elaboradas por los asistentes de impulso procesal; realiza diligencias fuera del juzgado derivadas del mismo proceso penal como la tutela de derechos como el proceso de hábeas corpus. La competencia de los Juzgados Penales de Juzgamiento se encuentra en los Juzgados Penales Colegiados, integrados por los jueces que conocen materialmente los delitos señalados en la Ley” La competencia funcional de los jueces consiste en dirigir la etapa de juzgamiento de los procesos conforme a Ley. Resolver los incidentes que se promuevan durante el juzgamiento. Conocer los demás casos que el Código y las Leyes señalan. “En la audiencia las partes (Fiscalía y defensa) se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, quien en base a las pruebas y argumentos decide si condena o absuelve. Interviene el ministerio público y la víctima para salvaguardar el orden jurídico, garantizando la verdad, la justicia y la reparación. Las pruebas se presentan oralmente con testigos ante el juez; son sometidas a debate y confrontación por las partes quienes se esfuerzan por convencer al juez de su posición. El proceso penal es el mecanismo por medio del cual se investigan los delitos, se acusa y se juzga a los presuntos responsables”