Aplicación del nuevo código procesal penal y desempeño de la 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa en Pasco, 2018 - Aliaga Paredes, Marelia Rosali (2019)
El nuevo código procesal penal tiene como una de las finalidades principales de alcanzar la justicia de los ciudadanos en el Estado social democrático de Derecho. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de todos los ciudadanos para una justicia oportuna con fines de brindar un trabajo de igualdad para todos sin distinción de nada. La justicia es social, se plasma en una serie de principios que busca una correcta administración de justicia a través de un proceso dinámico con la posibilidad de accederé a los órganos jurisdiccionales para que se pronuncien sobre la pretensión de un derecho. El acceso a la justicia es gratuita, toda persona tiene el derecho de acceder a la justicia gratuitamente; tiene el deber de responder por sus actos como sujeto procesal; la pretensión es de los bienes jurídicos. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. La acción es el poder jurídico de hacer efectivo la condición para la actuación de la voluntad de la Ley. El derecho de acción penal como la facultad de promover la actividad de la jurisdicción penal, mediante la declaración de un órgano público. El proceso según el nuevo código procesal penal es una relación jurídica que se desarrolla y se modifica desde un acto procesal. Existen derechos y deberes entre las partes o intervinientes del proceso entre el tribunal y la parte activa y pasiva como es la relación del ministerio público y el imputado de acuerdo a su razón subjetiva y objetiva. El proceso es una relación jurídica, tienen forma fáctica; se convierte en una relación jurídica que se ajusta a las normas procesales en forma estricta. Es de carácter: público, complejo, unitaria y autónoma. El sistema acusatorio es un sistema que se origina en el proceso penal, tiene la noción privada del delito. El proceso penal tiene como antecedente el código; su IV reforma trajo cambios organizacionales, dotación de infraestructura, emisión de normas, directivas y manuales de adecuación para juzgar al hombre que comisiona delito. El nuevo código procesal penal faculta al Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal, desarrollar funciones específicas; actuando de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular y por noticia policial; asumiendo la tarea de la investigación preparatoria del delito. El Ministerio Público, es el titular de la acción penal pública, ejercita de oficio a instancia de la parte agraviada por el delito comisionado de inmediato según concede la ley. El Ministerio Público actúa en forma independiente mediante el principio objetivo. El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos, en representación de la sociedad en juicio velando con una moral pública. La denuncia penal tiene en cuenta la identidad del denunciante con una narración detallada y veraz de los hechos, siendo posible la individualizando del presunto responsable. Según la norma adjetiva ninguna persona está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos dentro de la regla del árbol genealógico. Los fiscales cumplen sus funciones y atribuciones ejerciendo las acciones y actuando las pruebas que admiten y los recursos para actuar las pruebas que admiten la legislación administrativa y judicial. Los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones; desempeñándose según su propio criterio y los fines de la institución.