Bases para una teoría recursal en la actuación del ministerio público en la etapa de investigación preparatoria en el código procesal penal peruano vigente - Barreto Chiche, David Alfredo (2023)
El actual Código Procesal Penal establece una función específica al Ministerio Público, esto es, investigar delitos para posteriormente decidir si ejerce o no la acción penal. En esta etapa de investigación, el actual Código Procesal Penal, no ha establecido ningún recurso –aparte de la queja o elevación de actuados– para que las decisiones del Ministerio Público sean revisadas por un órgano superior, en base a ello, se formuló la siguiente pregunta ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para aplicar la teoría recursal a la actuación del Ministerio Público dentro de la etapa procesal de investigación preparatoria en el Código Procesal Penal peruano vigente? La presente investigación pretende resolver el problema antes planteado en base a dos fundamentos hipotéticos, estos son; determinar la naturaleza jurídica de las actuaciones del Ministerio Público y el respeto de las garantías procesales del Debido Proceso (derecho a la pluralidad de instancia), Tutela Jurisdiccional Efectiva (derecho de acceso a los recursos legalmente previstos) y Derecho de Defensa. El primer componente de la hipótesis, en base más que todo a una discusión filosófica, trata de establecer cuál es la naturaleza jurídica de las actuaciones del Ministerio Público, al respecto se han desarrollado cuatro posiciones, naturaleza jurisdiccional, administrativa, legislativa o extra poder, los mismos que traen consecuencias directas a la pregunta planteada, pues dependiendo de que naturaleza tenga, se puede establecer que tipos de recursos se puede interponer; sin embargo, ninguna de estas se encuentra exenta de críticas, por ende, al contrastarla, se llega a establecer que las actuaciones del Ministerio Público tienen una naturaleza sui generis, única, diferente a todos los otros poderes, establecido como ius accusandi. El segundo componente de la hipótesis, desarrollado en base a la teoría garantista, trata de otorgar las razones procesales garantistas del porque se debe aplicar la teoría recursal a las actuaciones del Ministerio Público, solo mediante ello se estarán respetando las garantías procesales de Debido Proceso (derecho a la pluralidad de instancia), Tutela Jurisdiccional Efectiva (derecho de acceso a los recursos legalmente previstos) y Derecho de Defensa.