La Vulneración De Los Derechos De Los Sujetos Vinculados En Un Proceso De Filiación Judicial De Paternidad Extramatrimonial En Base A La Ley Nº 28457 - Cabrera Roncal, Graciela De Los Milagros (2014)
La presente investigación tiene como finalidad, verificar que la aplicación de la presunción legal de paternidad, en un proceso judicial de filiación basado en la Ley N° 28457, “Ley que Regula el Proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial”, vulnera derechos fundamentales de los sujetos intervinientes en dicho proceso, siendo estos, el derecho a la identidad biológica del menor, el derecho de defensa del demandado, y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues, en aquellos casos en que no se tiene la prueba del ADN, el juzgador declara la filiación de paternidad entre el menor y su supuesto progenitor en base a la presunción, sin tener la certeza de que lo manifestado por la demandante sea cierto, entonces es allí donde el derecho a la identidad biológica del menor no está siendo protegido, pues la incertidumbre continúa; de igual forma, el derecho de defensa del demandado se vulnera puesto que se lo limita en el ofrecimiento de medios probatorios, y la ley conmina al demandado a formular oposición a la declaración judicial extramatrimonial, solamente sometiéndose a la prueba del ADN, costo que será abonado por éste, sin tener en cuenta la situación económica del mismo; también se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que no se establece una relación jurídica procesal válida, no existe etapa probatoria, y no se cuenta con las garantías mínimas que un proceso legal de gran importancia requiere; concluyendo por ende, que la Ley N° 28457, “Ley que Regula el Proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial”, no cumple su finalidad para la cual fue dada, ya que los derechos antes señalados no son protegidos. En tal sentido, se recomienda modificar la Ley N° 28457, debiendo disponerse que la filiación será declarada, bajo esta Ley, sólo cuando exista la prueba del ADN y el costo de dicha prueba no siempre deberá ser cubierto por el demandado sino deberá ser solventado por el Estado, previo informe situacional de la capacidad económica del demandado.