Diseño de un mecanismo de medición del nivel de cumplimiento de la implementación de gobierno digital en los gobiernos locales del Estado peruano - Chacon Dominguez, Karina Elizabeth (2019)
El Poder Ejecutivo, ante el fomento de la modernización de la Administración Pública mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), aprobó la Ley de Gobierno Digital, por medio del Decreto Legislativo № 1412, que implica la implementación de un Plan de Gobierno Digital, instrumento que señala cómo se desarrollarán las directivas y lineamientos de Gobierno Electrónico (e-Government), que dispone la Secretaria de Gobierno Digital (SEGDI). Para lograr esta transformación digital, el Estado Peruano está promoviendo desde hace algunos años que sus dependencias desplieguen iniciativas de e-Government, a través de la Política Nacional de Gobierno Electrónico establecidas por la SEGDI, con el fin de ofrecer servicios basados enteramente en estas tecnologías y en beneficio de los ciudadanos. Como parte de esta reingeniería, y según la regulación será necesario que se cuente con métodos y herramientas de evaluación que permitan conocer el grado de cumplimiento, avance o progreso de la implementación de Gobierno Electrónico en sus entidades públicas, para cumplir con las nuevas directivas nacionales sobre e-Government. El cumplimiento de este marco regulatorio no especifica ninguna metodología o herramienta que ayude a medir el nivel de cumplimiento, avance o progreso de la implementación de los objetivos de e-Government. Por lo tanto, bajo este contexto, se presenta como alternativa de solución al problema identificado, el diseño de una herramienta de medición que permita identificar los avances de implementación de gobierno electrónico. Esta herramienta está basada en una revisión de la literatura existente y en el análisis de las mejores prácticas usadas hasta el momento, con el uso de esta herramienta se podría identificar el estado actual de las estructuras y servicios de gobierno electrónico al interior de las instituciones públicas, así como verificar el cumplimiento regulatorio, para posteriores reajustes. El Proyecto propone dos pruebas piloto en dos gobiernos locales.