Transparencia y buen gobierno desde lacontratación pública del estado 2022 - 2024 - Lino Méndez, Joel Jhovany (2025)
De la revisión bibliográfica sobre apertura y buena gobernanza en la contratación pública se deriva un estudio preliminar que aborda la relevancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en los asuntos gubernamentales. El propósito de este análisis es proporcionar justificaciones teóricas al problema central de este estudio. Primero, Gilli (2017) comenta que el limitado desarrollo de los sistemas de transparencia constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible. El autor agrega que la confianza en los procesos de gestión pública podrá recuperarse únicamente si existen garantías de acceso público, a través de internet, a las bases de datos gubernamentales. También destaca que la transparencia necesita ser complementada por participación activa de los ciudadanos y responsabilidad institucional. En Gilli, existe la posibilidad de que la tecnología cambie para bien las instituciones, superando los modelos de gestión característica de los sistemas gubernamentales tautológicos, propiciando un cambio fundamental hacia sistemas más inclusivos. Gómez Collado y Gómez Collado (2019) sostiene que el concepto de “gobierno abierto” se define por la ausencia de restricciones en el acceso a la información, la cual es fundamental para la transparencia afirmativa. Según estas autoras, la apertura no solo tiene un valor por sí misma, sino que también ayuda a aumentar la rendición de cuentas, y por lo tanto, a la consolidación democrática. El fortalecimiento de la accesibilidad y oportunidad de confiabilidad de la información permite que los ciudadanos ejecuten acciones informadas y evalúen de forma adecuada las acciones gubernamentales, estableciendo así la relación entre transparencia y gobernabilidad democrática. A partir del estudio de López Moragriega y Royo Montaés (2021), se centra en varios municipios de España para analizar la aplicación de la Ley de Transparencia y el flujo de información económica y financiera entre regiones con diferente nivel institucional. De acuerdo con sus hallazgos, la Ley de Transparencia vigente desde 2013 no solo ha sido promulgada con el objetivo de establecer una cultura de transparencia, sino que también pretendió modernizar la Administración pública a través de la informatización de sus procesos. Los autores enfatizan que una de las metas primordiales de esta legislación es la transformación estructural de la gestión de la contratación pública, mediante la incorporación de procedimientos estandarizados de control. El objetivo de estos estudios es comprender la relación entre transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza, así como también, evidencian el fortalecimiento que requiere el marco legal e institucional sobre la contratación pública en el país.