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Un denominador común que ha persistido durante muchos años en el Perú es la inestabilidad de su sistema jurídico. Por ello, desde mediados del siglo pasado, los gobiernos, a través de los denominados Contratos-Ley, Contratos de Estabilidad Tributaria y, más recientemente, los Convenios de Estabilidad Jurídica, obligaron al Estado a mantener estables, por un plazo determinado, las reglas de juego para la inversión. Sin embargo, estas políticas de incentivo a la inversión no han sido curiosamente estables ni consistentes, ya que, en muchos casos, los gobiernos sucesores intentaron y lograron derogar con éxito las leyes que conferían estabilidad jurídica, bajo el pretexto de eliminar privilegios y tratos discriminatorios entre inversionistas extranjeros y nacionales.
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