Es innegable que los Estados tienen el deber de establecer un sistema diferenciado de sanciones para los menores infractores, el cual debe estar orientado por la doctrina de la Protección Integral que sustenta la Convención sobre los Derechos del Niño, y que implica que se rodee de las máximas garantías al proceso que se sigue a un adolescente infractor, proceso en el que se establecerá su responsabilidad, la que a su vez puede generar la privación de su libertad por tiempos muy prolongados, según las últimas modificaciones introducidas al Código de los Niños y Adolescentes, mediante el Decreto Legislativo N° 1024. El problema que se analiza en el presente trabajo de investigación radica en que de manera incorrecta los hechos delictivos cometidos por menores, en nuestro país, reciben un tratamiento jurídico totalmente asimétrico en comparación con los adultos, situación...