Apelación con efecto suspensivo en prisión preventiva: delitos patrimoniales y garantismo penal en Perú. - Zereceda Garcia, Rodrigo Juvenal (2025)
"Si se puede aplicar una medida gravosa como prisión preventiva, con mayor razón puede suspenderse la misma." . La presente tesis plantea una profunda exploración sobre la aplicabilidad del efecto suspensivo al momento de conceder el recurso de apelación contra el auto y/o resolución, que dicta prisión preventiva, enfatizando su relevancia en el contexto peruano y en particular en casos de delitos patrimoniales, todo esto, bajo los principios del garantismo penal. A través de un análisis exhaustivo, la investigación argumenta que el juez de investigación preparatoria debería, conforme al artículo 418 del Nuevo Código Procesal Penal, optar por el efecto suspensivo en lugar del efecto devolutivo al momento de conceder la apelación, pues el efecto devolutivo actualmente permite la ejecución inmediata de la prisión preventiva mientras se tramita la apelación, lo cual conforme se abarcara en la tesis, se evidencia que transgrede derechos fundamentales. Este cambio se propone como una medida para fortalecer los derechos del imputado, evitando el uso de la prisión preventiva como una pena anticipada y protegiendo el principio de presunción de inocencia. Asimismo se fundamenta la necesidad de una interpretación normativa orientada por principios generales del derecho, tal como lo es el principio: qui potest plus, potest minus, que sugiere que si es viable aplicar una prisión preventiva, es aún más razonable considerar su suspensión cuando existe una apelación en curso, y más aún si esta es adecuadamente motivada y fundada. Esta interpretación busca equilibrar la potestad punitiva del Estado con los derechos fundamentales del imputado, y aplicable únicamente en delitos que afectan el patrimonio , donde el riesgo procesal es relativamente bajo y la proporcionalidad debe ser un criterio rector, sin perjuicio que dentro de la tesis se analiza también este aspecto, proponiendo excepciones entre los mismos delitos patrimoniales, en los cuales no procedería un probable efecto suspensivo. Ello así, la presente investigación, aborda el garantismo penal, prisión preventiva desproporcionada, efectos de apelación (como el efecto suspensivo y devolutivo), y los delitos patrimoniales, ello como marco teórico central, destacando su papel en la protección de los derechos individuales y limitando el poder del Estado en la imposición de medidas restrictivas de libertad. Asimismo se compara la práctica peruana con modelos de justicia penal en otros países y se considera el contexto socio-legal peruano, caracterizado por altos niveles de sobrepoblación penitenciaria y el uso de la prisión preventiva como respuesta inmediata en el sistema penal. Así, se subraya la importancia de una reorientación hacia un sistema penal garantista, que utilice la prisión preventiva solo como medida de última ratio y explore medidas alternativas menos restrictivas, como la caución económica, la comparecencia restringida o el impedimento de salida del país. En el análisis del artículo 418, la tesis resalta que el auto de prisión preventiva, al limitar de manera significativa los derechos del imputado, debería ser tratado como un auto interlocutorio definitivo, cuya apelación justifica un efecto suspensivo al cerrar la primera instancia. Esto asegura que la revisión judicial en segunda instancia evalúe exhaustivamente la medida de coerción, permitiendo a la persona imputada no enfrentar una privación de libertad injustificada mientras su apelación es resuelta. Siendo ello así y como conclusión la tesis ofrece una contribución al debate sobre el futuro de la prisión preventiva en Perú, proponiendo una visión que priorice los derechos del imputado y mejore la eficiencia del sistema judicial, adoptando que el efecto suspensivo al conceder el recurso de apelación contra la prisión preventiva no solo fortalecería la presunción de inocencia y el debido proceso, sino que también aliviaría la sobrecarga del sistema penitenciario, promoviendo una administración de justicia más equitativa y coherente con los principios garantistas, todo esto enmarcado en los delitos patrimoniales en esencial los menos lesivos.