La Ley de Consulta Previa en el marco de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas ubicadas entre Curanco y Antabamba, durante el año 2021 - Barrera Figueroa, Zamandra Karina (2024)
Esta investigación examina la conexión entre los derechos fundamentales y la Consulta Previa (CP), enfocándose el análisis sobre una operación minera de exploración denominada "Santo Domingo", desarrollada en el departamento de Apurímac durante 2021. Este análisis se enfoca en el efecto que produce que dicho proyecto tuvo sobre comunidades campesinas situadas entre Curanco y Antabamba (denominadas en este estudio como CC-SCA), especialmente el anexo "Malo - Llanccaya", perteneciente a la comunidad de Antabamba. La Consulta Previa, establecida por la Ley N° 29785 (Ley de Consulta Previa – LCP), busca asegurar, dentro del marco legal, la intervención de los pueblos originarios en las decisiones estatales que puedan tener un impacto directo sobre los espacios que habitan y utilizan tradicionalmente, ya que su finalidad es resguardar sus derechos fundamentales. Nuestro objetivo central en la investigación fue examinar la manera en que se implementó la LCP en el contexto del proceso de CP realizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), tras la solicitud de la empresa Fresnillo Perú S.A.C. para realizar actividades mineras. Se analizó si dicha implementación fue efectiva en relación con los derechos colectivos de las comunidades, así como su alineación con los estándares internacionales. La investigación también incorporó las percepciones y vivencias de los participantes, proporcionando así las experiencias de los actores implicados. una mirada integral sobre el proceso. El estudio concluye que la CP no debe ser percibido como un mero procedimiento formal, sino como una herramienta clave para garantizar que las comunidades campesinas sean escuchadas y participen activamente en decisiones que afectan su modo de vida. Asimismo, se evidencian desafíos persistentes en la aplicación de la LCP, lo que resalta la urgencia de fortalecer los espacios de diálogo entre el aparato estatal y las comunidades mediante mecanismos efectivos, especialmente donde se desarrolla un proceso extractivo. Este estudio aporta así a una comprensión más profunda del impacto social y político de la CP en escenarios locales vulnerables.