La responsabilidad penal por compartir información apologética al terrorismo en redes sociales en Lima, año 2024 - Rojas Vásquez, Michael Anderson (2024)
La legislación sobre apología al terrorismo en el Perú ha evolucionado con el tiempo, y desde el 2017 se instauró como agravante el uso de las tecnologías de la información para la comisión de este delito. En este marco, se ha propiciado una complejidad para determinar el dolo cuando el imputado comparte en redes sociales una publicación apologética al terrorismo, lo que se agudiza al no acompañarse comentario ni símbolo alguno a la publicación compartida, dificultando establecer la verdadera intención comunicativa del imputado. Debido a los desafíos probatorios para establecer el dolo en el caso estudiado, se ha generado un clima de incertidumbre al emitirse sentencias distintas -condenatorias y absolutorias- sobre casos similares como el supuesto analizado, destacándose la necesidad de implementar mecanismos destinados a formular criterios resolutivos que coadyuven a fortalecer la seguridad jurídica. En esa línea, se reflexiona sobre el rol de las pruebas periciales en función a su eficacia para determinar el dolo en estos casos más allá de toda duda razonable y la trascendencia del trabajo jurisprudencial para resolver las complejidades exhibidas; lo que para efectos del presente estudio ha discurrido bajo un enfoque cualitativo para la comprensión del fenómeno y el análisis de los aspectos subjetivos relacionados con la problemática. Finalmente, se advierte que los criterios actuales para determinar la responsabilidad penal por apología al terrorismo en redes sociales resultan insuficientes en tanto se focalizan en analizar la información compartida, omitiendo considerar el contexto y la intención comunicativa del imputado. Es necesario que las pruebas periciales se orienten a determinar la intención del imputado y con ello determinar su responsabilidad de forma inobjetable, siendo crucial que los operadores de justicia formulen criterios jurisprudenciales uniformes que garanticen la seguridad jurídica, la predictibilidad de las resoluciones y la protección de derechos fundamentales.