The direct governmental costs of violence against women in Ecuador - Vara Horna, Arístides (2020)
La violencia contra las mujeres es una grave violación de los derechos humanos, que afecta negativamente a las mujeres. bienestar e impidiendo su participación en la sociedad. También afecta a sus familias, comunidades, empresas, el Estado y la sociedad en general, lo que representa un obstáculo para el desarrollo. En Ecuador, aproximadamente 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género (INEC, 2019). Esta cifra indica el problema social crónico que enfrenta la sociedad en su conjunto y por lo tanto también por las instituciones estatales. Un elemento clave para visibilizar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y ámbitos de ocurrencia es la generación de información estadística, que permite cuantificar, caracterizar y medir este problema social. La colaboración establecida entre GIZ, a través de su Programa de Prevención de la Violencia contra Women (Prevención de la Violencia contra las Mujeres - PreViMujer) y la Secretaría Técnica de el Plan Toda una Vida, con el apoyo de la Universidad de San Martín de Porres en Perú, ha logrado posible llevar a cabo esta tarea que busca demostrar la inversión del Estado en la prevención, atención, y sanción de la violencia contra la mujer. Este documento sintetiza los principales resultados del estudio que indica que las instituciones estatales directamente invirtió casi US$76,2 millones en prevención y atención de la violencia contra las mujeres en 2017. La mayor parte los gastos provinieron del sector justicia (US$41,8 millones), seguido del sector salud (US$19,7 millones). millones) y educación (US$14,2 millones). Sólo el 1,73% del total se invirtió en prevención de violencia contra la mujer, específicamente en el sector salud (US$529.000), sector justicia (US$267.000), y sector educación (US$11.000). Lo invitamos a leer este documento con la esperanza de que los resultados de esta investigación marquen un hito. en el fortalecimiento de las acciones del Estado ecuatoriano, encaminadas a atender las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, a través de una prevención eficaz que contribuya a su verdadera erradicación.