“Colaboración eficaz y testigos protegidos para la lucha contra la corrupción (Perú, 2017-2022)” - María de los Milagros Sulla Rodríguez (2023)
Actualmente, el Estado peruano, en la realización de sus actividades consustanciales y propias, enfrenta numerosos actos de corrupción, específicamente sobre crimen organizado. Por ello, a fin de contener y erradicar dicho fenómeno, el legislador ha implementado diversas herramientas, procedimientos y figuras legales, destacando las figuras de colaboración eficaz y testigos protegidos, que han comprobado ser instrumentos relevantes para la lucha contra la corrupción; sin embargo, aún se encuentran en constante perfeccionamiento y análisis por los diferentes abogados, investigadores y doctrinarios del derecho. En ese sentido, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la eficiencia de las figuras legales de colaboración eficaz y testigos protegidos para la lucha contra la corrupción en el Perú, ya que, a lo largo del tiempo, ambas figuras presentaron deficiencias en su aplicación. Por ello, el presente trabajo constituye una investigación cualitativa y diseño fenomenológico, que se centró en realizar un estudio teórico de las referidas figuras, a través del Análisis Económico del Derecho (AED) y la teoría de la Public Choice, mediante las cuales, se determinó que ambas figuras no son eficientes, porque las normativas vigentes sobre la aplicación de las mismas, no les otorga a los potenciales colaboradores y testigos, los incentivos económicos adecuados para que brinden información útil, relevante y eficaz para combatir la corrupción. Asimismo, a través de entrevistas efectuadas a expertos en el tema, se constató que las figuras legales de colaboración eficaz y testigos protegidos no son eficientes en la lucha contra la corrupción en el Perú, porque no son idóneos para combatir este flagelo, ya que se ven negativamente influenciados por el sistema de recompensas y los sistemas de restricciones y sanciones de orden social y legal que se emplean en el Perú contra los actos de corrupción; ello debido a que los potenciales colaboradores y testigos, se encuentran susceptibles de ser manejados por las redes de corrupción, que les ofrecen sobornos para guardar silencio, dar falsos testimonios, autoinculparse, o la combinación de todos ellos. Por eso la información que brindan, muchas veces, proviene de dudosa veracidad. Además, que los funcionarios que administran justicia no utilizan eficientemente los incentivos implementados para ambas figuras legales, pues parece que la obtención de la verdad no suele ser su principal objetivo. En muchas ocasiones, jueces y fiscales tienen sus propias agendas, y usan los sistemas (restricciones, sanciones y recompensas) como un elemento más de maximización de sus propios intereses, aun por encima del interés general. Por su parte, los castigos sociales ante la corrupción son poco efectivos, porque el rechazo de la sociedad ante estos actos desaparece con el tiempo y se convierte en permisividad, tolerancia e incluso normalización de estos actos.