La delimitación normativa de la contratación pública en los procesos menores o iguales a 8 UIT y la disminución de corrupción en las entidades públicas. - Castañeda Huaynalaya, Brayan Angel (2021)
Nuestra normativa nacional a nivel de las contrataciones con el Estado ha establecido diferentes mecanismos a efectos de celebrar contrataciones que canalicen la posibilidad de contratar servicios, bienes y obras. Ahora bien, dentro del múltiple sistema de contrataciones con el Estado, para la presente se ha considerado estudiar el tipo de contratación menor o igual a 8 unidades impositivas tributarias. El tema de las contrataciones con el Estado siempre debe contextualizarse también desde un análisis propio de su eficiencia, a efectos de poder determinar si el gasto que se realizar es adecuadamente bien invertido en beneficio del interés público. A nivel metodológico se puede mencionar lo siguiente: el problema general de la presente es: ¿de qué manera la delimitación normativa de la contratación pública en los procesos menores o iguales a 8 UIT influirá en la disminución de corrupción en las entidades públicas?, siendo su objetivo general: determinar de qué manera la delimitación normativa de la contratación pública en los procesos menores o iguales a 8 UIT influirá en la disminución de corrupción en las entidades públicas. La hipótesis general planteada fue que: la delimitación normativa de la contratación pública en los procesos menores o iguales a 8 UIT influirá positivamente en la disminución de corrupción en las entidades públicas. A nivel del aspecto metodológico, para la presente se ha empleado el método de investigación de carácter analítico-sintético, así como también la investigación se enmarca en el tipo básico, siendo un diseño no experimental el desarrollado. Como conclusión de la presente investigación se establece que se ha determinado que la delimitación normativa de la contratación pública en los procesos menores o iguales a 8 UIT influirá positivamente en la disminución de corrupción en las entidades públicas, ya que posibilitará realizar una supervisión y examen más adecuado para este tipo de contrataciones y no se afecten los principios de transparencia y eficiencia.