El principio constitucional de la irretroactividad y supremacía constitucional aseguran seguridad jurídica: mito o realidad - Castagneto Anchante, Rafael Eduardo (2018)
El irrestricto respeto que las personas e instituciones deben tener de las normas legales, es una de las aspiraciones que debe mostrar el sistema jurídico Peruano, más aun teniendo en cuenta que, por experiencia, no siempre es respetado por las instituciones públicas, que excediéndose en sus funciones, otorgadas y facultadas por ley, cuestionan, en el tiempo la validez y eficacia de las normas legales, que en su momento tenían legalidad y vigencia en el ordenamiento jurídico. Este comportamiento, a pesar de que está debidamente protegido por la Constitución, en donde, la irretroactividad es uno de los pilares sobre el cual se sostiene la seguridad jurídica, tampoco es respetado, lo cual es una preocupación, porque peligra el ordenamiento jurídico. Así mismo, por mandato constitucional, solo el Poder Legislativo es quien está facultado a evaluar y revisar las leyes es el Congreso de la Republica en primera instancia, el poder judicial es el encargado de impartir justicia, teniendo en cuenta y exigiendo que se respeten los derechos y garantías que le son inherentes a los peruanos. Uno de los derechos que debe tutelar es el de asegurar que a través del tiempo se respeten las normas legales, asegurando la irretroactividad de las normas, es decir que a pesar del paso del tiempo, se aseguren los efectos jurídicos, su cumplimiento con el único objetivo que se asegure la seguridad y estabilidad jurídica, a través del tiempo. Las sociedades y los países en general, a través del tiempo han sustentado su crecimiento y desarrollo económico y , social se han generado porque en todo momento, sus instituciones tutelares, han respetado y han hecho respetar las normas legales, y asimismo reconocido la vigencia y validez de las normas legales, sin embargo en los últimos años, de manera sistemática se han vulnerado las normas, interpretándolas a favor de sus intereses particulares y no teniendo en cuenta el bienestar y justicia social., en muchos de los casos utilizando la interferencia política, utilizando dicho poder, para asegurar y mantener o dejar de reconocer la vigencia de normas, vulnerando el orden jurídico en complicidad con las autoridades del poder judicial.