El delito de robo agravado y la adecuada proporcionalidad de la pena - Palomino Paredes, Mayumi Yetsi (2025)
El presente trabajo, titulado “El delito de robo agravado y la adecuada proporcionalidad de la pena”, tiene como objetivo principal examinar las consecuencias que conlleva la aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de penas relacionadas con el delito de robo agravado. En la práctica judicial peruana, se observa con frecuencia que los magistrados omiten justificar de manera clara y suficiente las razones que fundamentan la pena impuesta en procesos penales, a pesar de que dicha motivación constituye un elemento esencial del debido proceso. Aunque el ordenamiento jurídico penal peruano contempla el uso del sistema por tercios para determinar las penas, ello no significa que el juez se vea exento de fundamentar su decisión. Incluso al aplicar una pena dentro de uno de los tercios previstos, subsiste un margen dentro del cual el juzgador debe ejercer su criterio para establecer la sanción específica. Para algunos, la adopción de este sistema representa una forma de restringir la discrecionalidad judicial al momento de fijar una pena tras la comisión de un delito. En contraste, bajo el antiguo Código de Procedimientos Penales no se aplicaba el sistema por tercios, por lo que el juez tenía mayor libertad para establecer la pena en función de la gravedad del daño y las consecuencias del hecho delictivo. La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal modificó este escenario, estableciendo un marco normativo donde el juez debe ajustar su decisión a operaciones previamente definidas. Sin embargo, esta estructura no exonera al juez de motivar su resolución. De acuerdo con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, todo fallo judicial debe estar debidamente motivado, especialmente cuando implica restringir derechos fundamentales como la libertad personal. Por lo tanto, la pena privativa de libertad debe estar estrechamente vinculada con el daño ocasionado, asegurando que exista un equilibrio entre la gravedad del hecho cometido y la sanción impuesta. Imponer una condena desproporcionada afectaría no solo el principio de justicia, sino también la legitimidad del sistema penal en su conjunto.