Control constitucional del Decreto Supremo No. 01- 2022-TR que modifica el Decreto Supremo No. 006- 2008-TR, en el extremo que prohibe la tercerización de actividades que forman parte del nucleo del negocio de una empresa - Rafael Cerrón, Ledins Noé (2024)
Se centra en la litis jurídica, que se ha originada en la emisión y aplicación del Decreto Supremo No. 01-2022-TR, en el extremo que prohíbe tercerizar actividades que son parte del núcleo de negocio de las empresas, toda vez que, con dicha norma se restringe y sanciona la contratación de estas actividades por ser propias al objeto de negocio de las empresas prestadoras de servicios, que en posición del Ministerio del Trabajo y Producción de Empleo, son esenciales para la subsistencia de personas jurídicas con fines lucrativos, lo cual, no puede ser sustituida en su realización por otra empresa. La problemática se manifiesta en el cuestionamiento que han realizado las empresas de diferentes rubros, respecto a la constitucionalidad de este Decreto Supremo, así como también, si es que sus efectos constituyen barreras burocráticas en el desarrollo del mercado. Es así que, se ha interpuesto demandas de acción popular ante el Poder Judicial, a fin de que, los jueces realicen un control de constitucionalidad y determinen si la norma jurídica cuestionada debe permanecer vigente, o en su defecto, se declare su inconstitucionalidad (derogación judicial). Del mismo modo, se han interpuesto diversas denuncias por constituir barreras burocráticas, los mismo que ya han sido resueltos por la Comisión de Barrera Burocrática del órgano administrativo competente. Frente a dicha problemática, inicialmente, el presente informe desarrolla las figuras jurídicas que comprende el Decreto Supremo cuestionado y sus efectos en la realidad laboral de nuestro país, así también, analiza las acciones constitucionales que debe aplicar nuestro Ordenamiento Jurídico para resolverlo judicialmente. Luego, se realiza la aplicación del método científico en base a una investigación cualitativa, para determinar la solución del conflicto, aplicando concretamente el test de proporcionalidad, con el fin de establecer carácter constitucional de la norma examinada. Dicha aplicación se realiza tomando en cuenta doctrina nacional e internacional, así como la concepción de la realidad jurídica, laboral y contractual de nuestro ordenamiento jurídico, para establecer una solución conforme a la necesidad que requiere nuestro sistema. Así también, se analiza la tutela de los derechos fundamentales de las partes interesadas en el desarrollo de este conflicto, por un lado, derechos de los trabajadores y del Ministerio del Trabajo como representante del Estado, y por otro, los derechos de las empresas y el modelo de libre mercado. Se estudia las posiciones de juristas nacionales que han emitido pronunciamiento respecto a esta controversia, de los cuales, se evidencia posiciones distintas. Finalmente, el informe concluye sustentando la posición del autor y las soluciones encontradas para resolver la problemática jurídica, las cuales, se encuentran amparadas jurídicamente y con respaldo de diversos juristas especializados en la materia.