Desbordando la ley: el fin ilícito de las sociedades como causal específica de disolución - Bazán Hernández, Adrián Napoleón (2016)
El presente trabajo de investigación trata de demostrar y explicar cuáles son los fundamentos necesarios para argumentar sobre la regulación de una causal específica de disolución para aquellas sociedades que se constituyen únicamente con fines ilícitos, así como la superación del principio de ascendencia romano-germánico conocido como societas delinquere non potest, y en ese sentido, se admita expresamente la responsabilidad penal de las sociedades que se constituyen con aquellos propósitos ilícitos. Para ello, se ha investigado y analizado el contenido del derecho fundamental de la libertad de asociación desde una perspectiva de la doctrina constitucionalista y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional peruano, así como de Tribunales constitucionales extranjeros, se ha efectuado el estudio de las Convenciones internacionales; así también se ha hecho el análisis profundo del derecho reconocido constitucionalmente de la libertad de empresa. En ese sentido, desde diversos ángulos de la argumentación, especialmente desde los aportes del Derecho civilista, Derecho Registral y del nuevo Derecho Societario, se han estudiado variadas fuentes jurídicas, como doctrina, convenciones internacionales, legislación nacional y comparada, y la jurisprudencia, de tal modo que nos permita entender la naturaleza de la persona jurídica, su clasificación, su autonomía, su finalidad, sus órganos, su capacidad y sus elementos; así como también se ha analizado a la sociedad, su naturaleza, sus caracteres, sus formas de constitución y clasificación, su objeto y la licitud del mismo, las causales de disolución, donde se analiza también la ausencia de una causal específica de disolución por el fin ilícito con el que se constituyen, y finalmente se ha analizado el Registro de Sociedades. Desde la perspectiva criminológica se analizó el Derecho Penal y la doctrina penalista, la ley y norma jurídico penal, la función del Derecho Penal frente a la sociedad y al bien jurídico protegido por la norma, la función punitiva de Estado y sus límites que se manifiestan en forma de principios, y la teoría del delitos; se ha estudiado también la acción, su concepto jurídico penal y su regulación normativa, la capacidad de acción de las personas jurídicas, la imputación objetiva y subjetiva; la capacidad de culpabilidad, especialmente de la persona jurídica; así como también se ha estudiado el antecedente nacional legislativos y jurisdiccional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los sistemas de responsabilidad penal y el sistema de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas reconocido en el art. 105 de Código Penal Vigente en el Perú, y finalmente la naturaleza jurídica de dichas consecuencias accesorias. Siguiendo esta línea de pensamiento, se ha analizado el reconocimiento legal de la persona jurídica como sujeto procesal en el nuevo proceso penal y en la jurisprudencia nacional, la crisis del principio societas delinquere non potest, los argumentos a favor y en contra del reconocimiento expreso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el reconocimiento de la responsabilidad penal directa de la persona jurídica en las legislaciones comparadas, y la aplicación de las sanciones aplicables a las personas jurídicas que se constituyen con fines ilícitos. Y, finalmente, se ha analizado la responsabilidad penal de las sociedades, especialmente de aquellas que se constituyen únicamente con fines ilícitos, cuya propuesta es la disolución y liquidación exclusivamente para aquellas sociedades conocidas como de “fachada”, por tener un defecto de organización, cuyo propósito, incluso desde antes de su constitución, es cometer actos ilícitos, y los efectos que surtirá como consecuencia de la aplicación de la disolución a título de pena de carácter penal. Esto nos ha servido para afrontar el problema críticamente, analizado en su profundidad los conceptos y naturaleza jurídica de las instituciones jurídicas propuestas. De ese modo hemos propuesto lo que consideramos más conveniente y favorable para una mejor administración de justicia, predictibilidad y seguridad jurídica de nuestro ordenamiento, y la protección de los bienes, intereses y derechos de las personas en general.