La prescripción extraordinaria del delito como límite al plazo razonable en el proceso penal peruano - Colchado Farfán, César Enrique (2021)
La tesis tiene como objetivo desarrollar un análisis del derecho fundamental del plazo razonable y su vinculación con la institución penal material de la prescripción, relacionando ambas figuras a efectos de determinar en qué supuestos aquel constituiría un control y un límite máximo a la razonabilidad de duración del proceso penal, conforme a la legislación penal vigente y los pronunciamientos que, desde la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional Peruano, han venido realizando. Con tal fin, se analiza el derecho fundamental a ser juzgado en un plazo razonable, concibiendo esta garantía como un límite que no está en la ley, pero que el juez y la parte acusadora deben respetar. Acto seguido, se revisa el proceso penal y sus etapas para verificar, en cada momento del proceso, cuáles son los plazos y la forma de controlarlos. Posteriormente, se aborda la institución de la prescripción que, en la actualidad, se ha incrementado en contenido como consecuencia de la promulgación del Código Procesal Penal de 2004, al incorporar la “suspensión del plazo de prescripción como uno de los efectos de la disposición de formalización de la investigación preparatoria”. Por lo que, se concluye que el plazo razonable es una garantía que tiene toda persona sometida a un proceso penal de que su situación de receptor de una imputación no se extienda ilimitadamente en el tiempo, sino que sea sometido a un juzgamiento sin dilaciones indebidas, limitado indefectiblemente por un plazo de prescripción de la acción penal. Adicionalmente, se determina que, en nuestro país, la afectación de la garantía del plazo razonable ha sufrido una involución en cuanto a las consecuencias de su afectación en relación con los derechos fundamentales del imputado, habiéndose iniciado con consecuencias que declaraban sobre el fondo la irresponsabilidad penal a través del sobreseimiento para terminar con una exhortación a las autoridades judiciales y fiscales para que concluyan el proceso.