Los delitos de corrupción de funcionarios y servidores Públicos del Distrito Fiscal de La Libertad del 2011 al 2016 - Pérez Azahuanche, Nancy Roxana (2019)
La corrupción tiene mil rostros, mil trucos, mil caminos, y miles de cómplices para perpetra, acceder a los fondos públicos y que sus actos no se determine y escapar con impunidad. La gran corrupción es el abuso del poder público en las instancias más elevadas del Estado para obtener ganancias indebidas. La corrupción de nuestro tiempo, globalizada y en una estrecha hermandad con el sector privado se ha convertido en una de las principales amenazas de la democracia y la gobernabilidad. En el Perú con estos últimos acontecimientos revelados en los últimos meses nos hace sumergir a nuestra realidad. La corrupción que tenemos, que nos asalta, no viene solo del Brasil, ni es solo pública, ni tampoco es reciente. Es una lacra que hace mucho se ha institucionalizado, que va echando raíces profundas en todas las instancias del aparato estatal. Y para combatirla no alcanza la indignación, las declaraciones vacías y los planes que no se cumplen. Por ello el presente trabajo trata de dar a conocer si en realidad existe una corrupción con datos y cifras estadísticas alarmantes en materia de corrupción respaldadas con las sentencias o es solo una simple percepción del pueblo que piensa que existe corrupción; o tal vez este actual delictivo ya instauro en nuestro actual diario y que forma parte de la economía nacional. Es cierto que hablar de corrupción es hablar de delitos cometidos por personas en contra de un bien jurídicamente protegido y que debe ser menester de todos acabar con esta carencia de ética y moral que corroe cada vez a nuestros funcionarios y servidores públicos y a nuestras instituciones. Es presente trabajo da a conocer un informe sobre la Corrupción del Distrito Fiscal de La Libertad del 2011 al 2016, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática mediante la generación de información y la creación de aprendizajes que hagan posible no solo el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, sino también la incorporación de buenas prácticas para la toma de decisiones en favor de las personas y no de intereses particulares.