Afectación de la autonomía de la voluntad en los contratos de arrendamiento de duración determinada - Alayo Rodriguez, Carlos Augusto (2012)
La investigación ha sido titulada “Afectación de la autonomía de la voluntad en los contratos de arrendamiento de duración determinada”, siendo el problema de investigación: ¿Si al aplicar el art. 1700° del Código Civil, al vencimiento del arrendamiento a plazo determinado, implica una derogación tácita o virtual de dicha norma legal por el art. 62° de la Constitución Política del Perú, afectando al principio de la autonomía de la voluntad? El Objetivo General ha sido “Establecer si al aplicar el art. 1700° del Código Civil, al vencimiento del arrendamiento a plazo determinado, implica una derogación tácita o virtual de dicha norma legal por el art. 62° de la Constitución Política del Perú, afectando al principio de la autonomía de la voluntad” Efectuado el trabajo de investigación se ha logrado establecer que efectivamente la aplicación del art. 1700° del Código Civil, al imponer la continuación del arrendamiento a plazo determinado, bajo las mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite la devolución del bien arrendado, contraviene al art. 62° de la Constitución Política del Perú, en lo que respecta a que “los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”; conllevando dicha aplicación a una derogación tácita del art. 1700° por el art. 62° de la Constitución Política del Perú, consecuentemente al no tener injerencia las partes contratantes en las modificaciones del contrato, se afecta a la autonomía de la voluntad. Habiéndose determinado que existe incompatibilidad entre el art. 1700° del Código Civil y el art. 62° de la Constitución Política del Perú; y al seguir aplicándose el art. 1700°, hay una derogación tácita de dicho artículo por el art. 62°; por lo que hemos propuesto una solución, como es en crear un mecanismo operativo para la invalidación o su no aplicación del art. 1700°, por atentar contra la Constitución que como la ley fundamental del Estado, tiene la máxima fuerza jurídica dentro del ordenamiento jurídico.