El Despido Arbitrario y su Protección en la Justicia Constitucional y Laboral del Perú 1993 - 2010. - Gómez Valverde, Jaime (2013)
El despido arbitrario, en nuestro país, se tutela con la reposición en el trabajo, o el pago de la indemnización al trabajador. El trabajador afectado tiene dos vías para lograr reparar este hecho, excluyentemente, el juicio de amparo, o el juicio laboral. Consecuentemente, la protección que otorgan los órganos jurisdiccionales, de la justicia constitucional y la justicia laboral, difiere una de otra sustancialmente. Precisamente esta diferencia en la protección nos impulso a investigar, para conocer la realidad de la protección que se otorga al trabajador según nuestra Constitución. Después de analizar el marco teórico propuesto en el proyecto, el estudio se realizó, revisando y analizando expedientes concluidos con sentencia firme, en el Tribunal Constitucional, Juzgados y Salas Laborales de la Corte Superior de Justicia de Lima y Sala de derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, ciudad de Lima, cuya materia principal es el despido arbitrario o sin causa. Del universo de expedientes, entre los años 1993 y 2010, la muestra lo constituye 12 expedientes: 07 que corresponden a la justicia constitucional, y 05 a la justicia laboral. Asimismo, se aplicó un cuestionario a los 29 jueces laborales de la Corte Superior de Justicia de Lima con Sede en el Edificio Javier Alzamora Valdez, para conocer el fundamento principal para ordenar solo el pago de la indemnización que dispone la ley, y explorar la posibilidad de admitir demandas de reposición vía control difuso, como lo hizo el Tribunal Constitucional a partir del año 2002 en el caso Trabajadores de Telefónica del Perú. Se ha verificado que la protección difiere como consecuencia de la tutela procesal que otorga la acción de amparo frente a la acción laboral, cuyo titular es el trabajador al ejercitarla. Contrastando los resultados obtenidos, con la hipótesis planteada, aceptamos esta, dado que se ha demostrado que la justicia constitucional otorga mayor protección al trabajador cuando ordena su reposición, a diferencia de la justicia laboral cuando ordena el pago de la indemnización que señala la ley.