“Dilación en la imposición de sanciones Administrativas por la Municipalidad Provincial de Puno e incremento del delito de conducción de Vehículo motorizado en Estado de Ebriedad, 2015 – 2016” - Mamani Merma, Fredy Hilton (2018)
Se investigó la dilación que existe en la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno respecto de la imposición de sanciones por la infracción de conducir vehículos motorizados en estado de ebriedad y cómo es que ello genera el incremento de la comisión del delito de peligro común, habiéndose analizado 284 casos que fueron registrados durante el año 2015 y 278 registrados en el año 2016, además se obtuvo información estadística de la Fiscalía y la Corte Superior de Justicia de Puno sobre los procesos registrados durante los años indicados; verificándose que en el primer año (2015) la dilación por encima de plazo de ley que es de 30 días fue en más del 83% de casos, de los cuales y con relación al universo en el 53.17% ni siquiera había iniciado el procedimiento sancionador, siendo un factor adicional permanente notar que la duración del proceso iniciado supera generalmente más de 90 días en su tramitación. Con relación al siguiente año (2016) se determinó que en más del 63% de intervenciones se sobrepasó el plazo de ley para la imposición de sanción, de los cuales en el 48.56% de los casos tampoco llegó a iniciarse el procedimiento sancionador, más aún y con relación al total del universo de ambos años los infractores no pagaron la multa en una proporción mayor al 50% siendo muy pocos casos registrados en los que además hubo como consecuencia la lesión y/o muerte de transeúntes. Se determinó que en el Ministerio Público se registraron en el año 2016, 383 casos y la misma cantidad a noviembre del año 2017, que implica un aumento de casos, lo que se corroboró con información estadística de la Corte Superior de Justicia de Puno en casos de lesiones culposas y homicidio culposo, notándose un incremento de 19 casos en el año 2015 frente a 30 en el año 2016. Con todo ello se sugirió la adopción de medidas administrativas para la imposición oportuna, lograr la materialización del pago y el debido registro de los casos que permita un mejor análisis y tratamiento de políticas que tengan como sustento estadísticas reales.