“Responsabilidad del estado peruano por la Inaplicación de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Prisión Preventiva” - Mamani Chambi, Ronald (2018)
El origen que dio nacimiento a la presente investigación se encuentra en la inaplicación de los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uso indebido que se torna en excesivo, cuando la medida de coerción procesal de la prisión preventiva, vulnera principios universales que a toda persona se le debe de respetar, entonces el debido proceso y la libertad son los pilares que motivan la defensa de los procesados sindicados por la presunta comisión de un hecho delictivo, se configura como fuerte motivo para defender a los que son inocentes y purgan una especie de condena, que les arrebata un pedazo de su vida que será irreparable, hace inspirar la presente investigación. La importancia, que implica el respeto de los derechos humanos en la administración de justicia en el tiempo hizo evolucionar el derecho a nivel internacional, surgiendo así el control de convencionalidad, aquella teoría que se traduce en el contraste normativo interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, guardando armonía en respeto de derechos de todo ser humano, entonces los criterios contenidos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano contencioso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, obliga a cumplir no solo la CADH, también se debe considerar los criterios, fundamentos que motivan esa resolución que pone fin al proceso internacional, la interpretación que realizan de la CADH, deben siempre ser respetados por los Estado que forman parte de este tratado, que su única finalidad es dar cumplimiento al tratado que fue creado para ellos mismo. El incumplimiento, puede tornar en la responsabilidad internacional, que es sancionada de manera pecuniaria, que se cumple con un determinado tratamiento, que a su vez carece de un instrumento que regule la verdadera aplicación del control de convencionalidad como inspector de un respeto de su aplicación por los Estados miembros en la difícil tarea de administrar la justicia respetando los parámetros de los derechos humanos.