Prisión Preventiva y la Vulneración del Derecho Constitucional de Presunción de Inocencia en Arequipa 2016. - Salas Achircana, Carmen Rosa (2021)
Con la puesta en vigencia y de manera progresiva en el Perú, del Código Procesal Penal (nuevo), aprobado en el 2004, ha implicado la instauración de numerosos cambios en materia de justicia penal, dirigidos por un lado a encontrar el equilibrio entre una mayor eficiencia procesal, y por el otro el pleno respeto por las garantías constitucionales por parte de los principales operadores de justicia. “La característica más importante de dicha reforma procesal penal es el reemplazo del modelo inquisitivo por el modelo acusatorio. Se establece, a la vez, “una metodología basada en la oralidad como garantía principal del proceso. A partir del modelo acusatorio, las modificaciones más resaltantes son la clara separación de las funciones de investigación entre la Policía y la Fiscalía, en virtud del cual el fiscal es quien dirige la investigación durante el proceso, trabajando conjunta y coordinadamente con la Policía Nacional, que provee una investigación técnico operativo”1. Asimismo, la igualdad de armas, entre los actores jurisdiccionales y la defensa quien, ejerce un rol activo mediante su presencia en todas las instancias del proceso penal, sumado a ello el carácter público de las audiencias, el cual fomenta una mayor transparencia, un debate contradictorio entre las partes ante la presencia del juez. Del propio contenido textual del NCPP 2004 se reconoce el carácter acusatorio, oral, público y contradictorio del nuevo proceso, con estas premisas en mente, y como producto de una extensiva investigación sobre el tema, he tenido a bien plantear como un objetivo general algunas conclusiones respecto a la Prisión Preventiva en el Perú y muy particularmente en el Distrito Judicial de Arequipa, si su aplicación vulnera el derecho constitucional a la presunción de Página 9 de 130 v inocencia, así las cosas, puedo afirmar con certeza que la prisión preventiva constituye la concretización de la realización del proceso penal en debida forma, es decir la investigación preparatoria del delito a cargo del Ministerio Público, quien interviene de oficio, a pedido de parte que no necesariamente pueden ser las partes agraviadas, así, las cosas y a solicitud del Ministerio Público en casos debidamente justificados, el Juez de Investigación Preparatoria puede dictar prisión preventiva hasta por 9, 18 y 36 meses dependiendo de la naturaleza, complejidad y gravedad de los delitos en razón a que pudieran presentarse dificultades en la realización de la investigación, peligro de fuga del o los imputados o clara obstaculización de la actividad de investigación. La prisión preventiva actualmente se ha convertido en un caso altamente discutible, donde las posiciones varían de un sector a otro y su aplicación en ocasiones produce un fuerte rechazo debido a que se viene generalizando en todas las instancias de la justicia penal, por ello es menester con carácter de muy urgente que las instancias correspondiente efectúen un nuevo y mejor análisis de su aplicación, pues conforme se tiene claramente señalado nuestra Constitución Política, un ciudadano solo puede ser privado de su libertad luego que a través de un debido proceso haya sido vencido y declarado culpable sin más argumentos que pudieran poner en tela de juicio la majestad del Poder Judicial, ente que a solicitud del Ministerio Publico, es el encargado de su aplicación en nombre del estado peruano; por ello considero pertinente presentar a los miembros del Jurado Examinador una análisis crítico y doctrinario sobre la aplicación de la prisión preventiva en nuestro país y como es que afecta a la presunción de inocencia. Basado en ello es que presentamos las correspondientes conclusiones y sugerencias como parte final del presente trabajo de investigación sobre la Prisión Preventiva y la Vulneración del Derecho Constitucional de Presunción de Inocencia en Arequipa 2016. Página 10