Interpretación de la ley penal y sentencia del delito de robo agravado en el Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 2019. - Vila Valer, Wigner Jhon (2024)
El Derecho penal, como última ratio, es el recurso final utilizado por la sociedad para proteger ciertos bienes jurídicos cuando no existen otros medios de control, ya sean formales o informales, menos perjudiciales. Según la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la ley no debe imponer penas que no sean estrictamente necesarias. La necesidad de la pena y la racionalidad son pilares fundamentales que limitan la discrecionalidad en la administración de justicia penal. Estos conceptos materializan el espíritu de las leyes, convirtiendo la norma penal en el último recurso del legislador. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, que rige todo el derecho público, incluyendo el derecho constitucional, el Derecho penal debe ser aplicado con moderación y únicamente cuando otros mecanismos no son suficientes. El constante equilibrio entre el poder y la libertad se refleja en la relación histórica y presente entre la autoridad y el individuo, donde la legalidad actúa como medio para el ejercicio de la autoridad y la protección del desarrollo humano. La función punitiva del Estado se fundamenta en la definición de los delitos, las consecuencias legales de las conductas ilícitas, la identificación de los delincuentes, el procedimiento para aplicar las sanciones y la ejecución de estas. La interpretación de las normas penales, tanto a nivel nacional como internacional, tiene como objetivo garantizar el pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos. La interpretación debe buscar siempre descubrir el sentido, propósito y razón de las normas sobre derechos humanos, asesorando y ayudando a los Estados miembros y a las instituciones internacionales. Los tribunales nacionales están obligados a adoptar la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que esta fue establecida por la voluntad soberana de los Estados con el propósito de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La interpretación penal debe procurar la efectiva protección de los derechos humanos, asegurándose de que se mantenga dentro de los límites de la legalidad y el sentido de la ley. En relación con el delito de robo agravado, si se utiliza la violencia tanto física (vis corporalis) como coactiva (vis compulsiva), se contemplan en el Artículo 188 del Código Penal peruano, mientras que sus agravantes se describen en el Artículo 189, lo cual refleja su alta incidencia en el país. Las circunstancias agravantes del delito de robo, como la participación de dos o más personas, el uso de medios de transporte o el aprovechamiento de lugares de alojamiento, facilitan la comisión del delito y reducen la capacidad de defensa de la víctima. El robo agravado, al vulnerar no solo el patrimonio sino también la libertad, la integridad física y, en algunos casos, la vida, se considera un delito complejo con graves consecuencias. La sentencia penal, como decisión central del proceso, determina la situación legal del acusado y debe estar fundamentada con argumentos sólidos, respetando las reglas lógicas y las máximas de la experiencia en el campo jurídico. Es crucial que los abogados utilicen un lenguaje claro y accesible, evitando expresiones complejas o pedantes que puedan alejar a los ciudadanos de su propósito principal: la resolución de conflictos y la promoción de la paz en la sociedad.