Implementación precaria de políticas de acceso a la información pública : niveles de transparencia en las páginas web institucionales y en los portales de transparencia estándar (PTE) de las municipalidades provinciales del Perú en el 2018 - Romero Castañeda, Joel David (2019)
Diversos estudios realizados por investigadores y organismos internacionales señalan la eficacia y eficiencia del gobierno central en el Perú en la implementación de leyes de acceso a la información pública (Global Right to Information Rate, 2018) y en el desarrollo sistemas de divulgación de información financiera y presupuestal para todos los niveles de gobierno (ONU, 2018). Sin embargo, casi no existen aproximaciones cuantitativas a los fenómenos de divulgación de información pública en el nivel subnacional. En el presente estudio, se plantea analizar la transparencia en las plataformas electrónicas como los efectos de acciones políticas y administrativas que se ven reflejados en dos componentes: i) la publicación oportuna de información en distintos rubros solicitados por ley (oportunidad) y ii) la inclusión de elementos para la fácil identificación de la misma. Para ello, se realiza el recojo de evidencia a través del análisis de contenido de las plataformas de reporte de información consagradas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (27806). A partir de la información recolectada, se procede a realizar la construcción de indicadores para describir los niveles de transparencia en las municipalidades, y se utilizan modelos lineales para contrastar las hipótesis planteadas en torno a sus posibles condicionantes. Se determina que, pese a que la gran mayoría de municipalidades cuenta con portal web y buena parte de estas incluyen criterios mínimos de navegabilidad, casi todas son muy poco o nada oportunas en la publicación de información sobre personal, gastos comunes, servicios y visitas a funcionarios. Asimismo, se afirma que la implementación de las plataformas electrónicas de transparencia se encuentra condicionada por el compromiso organizacional, el performance económico, la disponibilidad de recursos básicos, el grado de fragmentación política, el tipo de organización política de la autoridad electa, y por el número de denuncias por delitos contra la administración pública.