La conveniencia de aplicar un enfoque responsivo para el cumplimiento de obligaciones en materia de servicios públicos de telecomunicaciones - Huamán Sánchez, Jorge Luis (2017)
La presente investigación identifica que la estrategia dominante para el cumplimiento de las normas (Enforcement) aplicada por el organismo regulador de las telecomunicaciones del Perú (OSIPTEL) es la disuasiva (Deterrent approach), estrategia que tiene como principal proposición que el castigo es lo más efectivo para lograr un cambio de conducta del infractor. En este contexto es que nos preguntamos si cabe la posibilidad de optar por estrategias conjuntas (sin dejar de lado el ejercicio de la potestad sancionadora del regulador cuando corresponda) que permita la apertura del Regulador a solucionar los incumplimientos desde un esquema gradual, partiendo desde una posición persuasiva para que cuando sea necesario ejercer el poder punitivo, se ejerza fuertemente, aunque sólo en los casos en que se hayan sido vencido otros mecanismos de entendimiento. Consideramos en esa línea que lo importante no es tener una cantidad elevada de supervisiones que deriven en expedientes de sanción, sino que los expedientes que existan sean de gran impacto para la sociedad y el mercado de las telecomunicaciones. La causa es que no debe perderse de vista la relevancia de resolver oportunamente un caso en materia de servicios públicos. Entiéndase resolver no como sinónimo de sancionar, sino como sinónimo de reparar, corregir o regenerar. Si el único camino que se tiene es el de sancionar, entonces es mejor, a nuestro entender, fijarse en aquellos procesos en los cuales se cuente con la mayor cantidad de pruebas (certeza indubitable, si se quiere), generada principalmente a partir de investigaciones minuciosas y sistemáticas, y aquellas nacidas del estilo de los juegos repetidos; y que generen un gran impacto en la industria. Desde nuestro punto de vista, a través de la aplicación de una Regulación Responsiva (Responsive Regulation), el Regulador puede alcanzar eficiencia en términos económicos (ahorro en el inicio de procedimientos administrativos sancionadores), eficacia en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a las que se sujetan las empresas operadoras (en lo sucesivo, Agentes Regulados) dentro de un contexto oportuno (los problemas que afectan el servicio público se solucionan en el menor tiempo posible); de este modo el Regulador se enfoca en que el Agente Regulado asegure la provisión de los servicios brindados dentro de los términos en que se encuentra obligado, en un tiempo esperado, otorgando un conjunto de oportunidades graduales al agente presuntamente infractor de modo que corrija, resarza o remedie su incumplimiento, ello, aplicando las vigentes reglas del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y las normas vigentes del sector. Para ello se propone una pirámide que inicia con la implementación de mecanismos persuasivos, como mesas de diálogo y transacciones, y culmina, en el vértice, con el retiro de la concesión o la disminución de años en su renovación, según sea el caso. Asimismo, se propone una pirámide inversa, en donde cada conducta positiva de la empresa, le otorga ventajas regulatorias en el mercado de las telecomunicaciones.