Informe de expediente E-2499, N° 005-2011-CCO-ST/LC sobre procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Telefónica del Perú S.A.A. por la presunta conducta de abuso de posición de dominio en la modalidad de ventas atadas, tipificiada en el artículo 10.2 del Decreto Legislativo No. 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas - Garces Garcia, Diana Adriana (2023)
El presente informe tiene por objetivo analizar tres (3) problemas jurídicos identificados en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio por parte de la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados (STCCO) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en contra de Telefónica del Perú S.A.A. por haber incurrido en la conducta de abuso de posición de dominio en la modalidad de ventas atadas, tipificada en el literal 10.2.h) del Decreto Legislativo 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (LRCA), por el condicionamiento de la prestación del servicio de Internet ADSL a la contratación del servicio de telefonía fija. Así, partiendo de los pronunciamientos de primera y segunda instancia, examinamos tres (3) puntos controvertidos durante el procedimiento: (i) la aplicabilidad de la referida norma a la conducta imputada, considerando que esta se encontraría cubierta por el principio de supletoriedad; (ii) la variación de la imputación durante el transcurso del procedimiento, en perjuicio de Telefónica; y, (iii) el cumplimiento del estándar de prueba relativo a la generación de efectos negativos actuales y potenciales en el mercado de telefonía fija. En base al desarrollo doctrinario y jurisprudencial que se expone en el informe, concluimos que (i) procede la aplicación de la LRCA a la conducta bajo análisis, ya que las excepciones a esta deben establecerse a través de una norma con rango legal; (ii) la STCCO varió la imputación al momento de la expedición del Informe Instructivo, al incluir un elemento adicional típico de una conducta distinta a la imputada; y, (iii) el pronunciamiento de segunda instancia no alcanzó el estándar de prueba necesario para la acreditación de la relación de causalidad entre la conducta imputada y los efectos que se le atribuyeron.