El impuesto a las grandes fortunas o a la riqueza: ¿representa una solución legal y beneficiosa a la baja recaudación fiscal y al COVID 19? - Barbarán Huavil, Karin Marina (2022)
El objetivo de la presente investigación es efectuar un análisis sobre la viabilidad legal y económica de los proyectos de Ley, relativos al denominado: “Impuesto a las grandes fortunas o a la riqueza” propuestos por tres grupos políticos del congreso (Período legislativo 2020- 2021) como una solución a la baja recaudación tributaria. Este tipo de iniciativas genera preocupación debido a que los referidos proyectos de Ley, no contienen una evaluación de las implicancias legales y económicas de su aprobación. En general, consideramos que cualquier norma que crea o incrementa impuestos debe tener una evaluación legal y económica previa respecto de sus consecuencias. Aplicando el método comparado en Latinoamérica y Europa, observamos que la tendencia mundial, sobre todo en Europa ha sido derogar el impuesto al patrimonio o a la riqueza debido a que finalmente este impuesto no cumple con los objetivos de su creación y lejos de generar beneficios, provoca reducción de inversiones, fuga de capitales y evasión tributaria. Efectuado un análisis legal y jurisprudencial (Test de proporcionalidad), un posible impuesto a la riqueza resulta inconstitucional por vulnerar derechos y principios constitucionales y una sobre carga de impuestos a un determinado grupo de contribuyentes. Desde el punto de vista económico, este tipo de impuestos genera, evasión tributaria y fuga de capitales. Como resultado tenemos que el impuesto a la riqueza o al patrimonio no representa la fórmula adecuada para solucionar el problema de la caja fiscal o mejorar la economía nacional, debido a que existen otros factores ligados a la recaudación fiscal que se deben mejorar (informalidad, ineficiencia de gestión y gasto público y corrupción). En conclusión, un impuesto de esta naturaleza es negativo desde todo punto de vista porque no representa una solución a la recaudación y al déficit fiscal, fomenta la evasión tributaria y fuga de capitales; y vulnera derechos constitucionales.