El derecho fundamental a la propiedad frente a la extinción de dominio - Palomino Cavero, Juan (2020)
El crimen organizado y las actividades relacionadas a los delitos graves, generan un patrimonio criminal o de origen ilícito consistentes en bienes muebles e inmuebles, productos, acciones, empresas, y otros derechos de propiedad, donde la eficacia del Derecho Penal, más allá de la sanción personal, la incautación o el decomiso, no logra privar y afectar a ese patrimonio criminal o derechos de propiedad que son destinados a actividades ilícitas, dejando una sensación de impunidad. Es por ello que, los Estados buscan permanentemente luchar contra ese flagelo que causa daños socio-económicos profundos. Una herramienta importante, que busca golpear y afectar al patrimonio de las organizaciones criminales y los grupos delictivos, es la extinción de dominio, que es independiente de la acción penal, no busca la sanción personal; busca extinguir los derechos de propiedad de origen ilícito o con fines ilícitos, sin contraprestación alguna a favor del Estado. Sin embargo, planteamos que su reciente implementación y adecuación al sistema jurídico peruano, desde el segundo semestre del año 2018, podría poner en evidencia algunas disposiciones normativas contrarias a la constitución como el debido proceso, la presunción de inocencia, entre otros, que en última instancia podría afectar directamente el derecho de propiedad, que tienen fundamento constitucional, mientras que la figura de extinción de dominio no la tiene. Por ello, nuestro objetivo es hacer un análisis del derecho fundamental a la propiedad, frente al proceso de extinción de dominio y advertir algunas inconsistencias y deficiencias según la experiencia de países latinoamericanos como Colombia y México que han modificado sus cartas fundamentales y han complementado su madurez a través de sus Supremos Tribunales, para evitar arbitrariedades y garantizar la plena vigencia del derecho fundamental a la propiedad y demás derechos fundamentales dentro de un Estado de Derecho y continuar con la autonomía del proceso de extinción de dominio que mucha falta hace en la lucha contra la criminalidad.